¿Cómo fundamentó el juez la sentencia, qué alcance tiene la pena y en qué situación procesal queda la causa?
Judiciales20/12/2025
Redacción
En los Tribunales de Rafaela, el juez Gustavo Bumaguin dictó una condena de cumplimiento condicional contra Horacio Daniel Bertoglio, exfuncionario municipal de Sunchales, al considerar acreditadas incompatibilidades en el ejercicio de la función pública durante su desempeño en la administración local.
La resolución se conoció tras el desarrollo del juicio oral, en el que se analizaron pruebas documentales, testimonios y el marco normativo vigente al momento de los hechos. En su fallo, el magistrado sostuvo que Bertoglio incurrió en conductas que vulneraron los deberes propios del cargo público, particularmente al intervenir en actividades privadas que resultaban incompatibles con sus funciones estatales.
No obstante, el juez entendió que, por las características del caso, correspondía la aplicación de una pena de ejecución condicional. Esto implica que la condena no conlleva prisión efectiva, sino que queda en suspenso y sujeta al cumplimiento de una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia durante el plazo fijado en la sentencia.
En los fundamentos del fallo, Bumaguin puso especial énfasis en la responsabilidad funcional que recae sobre quienes ejercen cargos públicos, señalando que el reproche penal no se basa únicamente en el resultado económico de las acciones, sino en el uso indebido de la función pública y la afectación a los principios de transparencia y legalidad que deben regir la gestión estatal.
La sentencia no constituye una absolución ni un acuerdo entre partes, sino una condena dictada tras el análisis del mérito de la causa. En este sentido, el fallo fija una posición clara del tribunal respecto a la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, aunque sin imponer una sanción de cumplimiento efectivo.
El fallo ya fue notificado a las partes y, en lo que respecta a la modalidad condicional de la pena, la decisión quedó firme en esta instancia. Sin perjuicio de ello, el proceso aún podría habilitar eventuales planteos en el plano recursivo si alguna de las partes decide impugnar aspectos de la sentencia ante instancias superiores.
La resolución judicial pone fin a una causa de larga tramitación y vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre los límites entre la función pública y las actividades privadas, así como la necesidad de un estricto cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de cargos en el Estado.
Cumplirá la medida hasta el final del proceso judicial. La Fiscalía sostuvo que existió un entramado previo de amenazas y coacciones que desembocó en el crimen ocurrido en Frontera.
La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo a pedido del fiscal Emiliano Odriozola, en una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
El tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de prisión domiciliaria y confirmó que el imputado continuará bajo prisión preventiva mientras avanza la causa.
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