Redacción
La seguridad eléctrica volvió al centro del debate en Rafaela a partir de una presentación que advierte sobre la necesidad de actualizar y aplicar de manera efectiva la normativa vigente en la ciudad. El planteo pone el foco en un dato contundente: en el último año se registraron al menos cuatro muertes por electrocución en la ciudad y la región, hechos que podrían haberse evitado con instalaciones adecuadas y controles eficaces.
El documento señala que la ordenanza municipal que regula las instalaciones eléctricas fue sancionada en 1986 y que, con el paso de casi cuatro décadas, quedó desfasada respecto de los estándares técnicos actuales. Incluso, algunas modificaciones posteriores contradicen normas nacionales obligatorias, generando un vacío que impacta directamente en la seguridad de viviendas, comercios, industrias y espacios públicos.
La propuesta apunta a que Rafaela adopte de manera expresa las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina, respaldadas por la legislación nacional en materia de higiene y seguridad. Esto permitiría unificar criterios técnicos, actualizar exigencias sin demoras administrativas y reducir riesgos como incendios, electrocuciones y daños materiales.
Entre los ejes centrales aparece la creación de un régimen de seguridad eléctrica que incluya controles reales, certificaciones obligatorias y la intervención de profesionales habilitados. También se plantea la implementación de un Certificado de Seguridad Eléctrica en casos de compraventa de inmuebles o cambio de inquilinos, como una herramienta preventiva para propietarios y ocupantes.
Otro punto crítico es la falta de capacidad de control del Estado local, que hoy no cuenta con el instrumental técnico necesario para verificar instalaciones. Esa debilidad, advierten, deja a la ciudad expuesta no solo a siniestros evitables, sino también a eventuales responsabilidades legales.
El planteo propone además campañas de concientización, articulación entre instituciones y generación de estadísticas públicas sobre accidentes eléctricos, con el objetivo de que la seguridad deje de ser una cuestión invisible hasta que ocurre una tragedia.
La discusión recién comienza, pero el mensaje es claro: detrás de cada cable mal instalado hay un riesgo latente. Y la actualización normativa aparece como una deuda pendiente que puede marcar la diferencia entre la prevención y el desastre.
