Amenazas, armas y coacción: uno queda preso y la otra sale bajo control judicial

Este martes se desarrolló en Rafaela una audiencia de revisión de prisión preventiva en el marco de una causa que investiga amenazas y coacciones calificadas por el uso de armas, con dos personas imputadas y resoluciones distintas para cada una.

La audiencia se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N.º 5, con intervención del juez Gustavo Javier Bumaguin, el fiscal Adrián Darío Soria y los defensores José María Silvela y Andrés Alberto Colón.

Los imputados en la causa son Florencia Belén Leguizamón, de 29 años, y Pablo Daniel Monzón, de 21, quienes se encontraban privados de la libertad desde hacía más de cuatro meses.

Durante el debate, la defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares argumentando el transcurso del tiempo, el avance de la investigación y la posibilidad de aplicar alternativas a la prisión preventiva. La Fiscalía, en tanto, sostuvo que los riesgos procesales continúan vigentes, especialmente en relación a la gravedad de los hechos, la utilización de armas de fuego, la situación de las víctimas y la reiteración delictiva atribuida a uno de los imputados.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió mantener la prisión preventiva para Pablo Daniel Monzón, al considerar que en su caso persisten riesgos concretos que no pueden ser neutralizados con medidas menos gravosas.

En cambio, respecto de Florencia Belén Leguizamón, el magistrado dispuso su libertad bajo estrictas condiciones, entre ellas la fijación de domicilio en Rafaela, la sujeción al cuidado de un familiar responsable, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad policial, la prohibición de salir de la provincia, la prohibición de acercamiento a víctimas y testigos, y la obligación de someterse a evaluaciones médicas pendientes.

La resolución dejó en claro que la situación procesal de ambos imputados no es equiparable, atendiendo a la distinta participación atribuida en los hechos investigados.

Con esta decisión, la audiencia quedó formalmente concluida, mientras la causa avanza hacia su etapa final bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.