Redacción
El estado crítico de las rutas nacionales que cruzan Santa Fe volvió a quedar en el centro de la escena política. Desde el gobierno provincial advierten que el deterioro de los corredores es generalizado y que no responde a una falta de recursos, sino a una decisión política del Estado nacional de retirarse del mantenimiento vial.
La situación afecta a trazas estratégicas para la actividad productiva y el transporte, y ya derivó en presentaciones judiciales impulsadas por la provincia, legisladores y municipios para lograr al menos reparaciones mínimas. Según se indicó, los reclamos se realizaron por todas las vías formales posibles, sin obtener respuestas concretas.
En declaraciones que fueron difundidas originalmente por **La Capital de Rosario**, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, sostuvo que los pedidos incluyeron reuniones presenciales, notas formales y gestiones directas en Buenos Aires. Incluso aseguró que viajó en reiteradas oportunidades a la Casa Rosada para plantear la gravedad del problema, sin resultados.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la posibilidad de que Nación ceda la administración de algunas rutas para que la provincia pueda intervenirlas con recursos propios. En ese sentido, se remarcó el caso de la ruta A012, un corredor clave hacia los puertos del Gran Rosario, cuya transferencia fue solicitada hace meses y nunca se concretó.
El deterioro alcanza a las rutas nacionales 9, 11, 33, 34, 8 y 178, además de la A012 y las circunvalaciones de Santa Fe y Rosario. En muchos tramos se observan banquinas inexistentes, baches profundos, malezas que tapan la señalización y falta total de mantenimiento. En algunos casos extremos, municipios debieron salir a cortar el pasto en rutas nacionales para reducir riesgos, pese a no ser su competencia.
Uno de los puntos más delicados es el de la ruta 9, donde un puente roto mantiene un corte prolongado desde hace semanas entre Carcarañá y Correa, sin fecha cierta de reapertura. También genera preocupación una obra inconclusa en Rosario, abandonada por Nación y considerada hoy un sector de alto riesgo vial.
Desde la provincia insisten en que los fondos existen. Señalan que el impuesto a los combustibles líquidos incluye un monto específico destinado al mantenimiento de rutas, pero que esos recursos quedan en manos del Estado nacional sin ser ejecutados en obras. De hecho, varias intervenciones recientes solo se concretaron por orden judicial, tras fallos de la Justicia Federal.
En paralelo, crece la preocupación por el impacto en la seguridad vial. Según advierten desde el Ministerio de Obras Públicas, el mal estado de las rutas incrementa el riesgo de siniestros, especialmente en días de lluvia, cuando los vehículos deben esquivar pozos o invadir carriles, con consecuencias muchas veces fatales.
Ante este escenario, Santa Fe no descarta avanzar con medidas unilaterales de seguridad vial y profundizar el camino judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. Mientras tanto, miles de vehículos siguen transitando por rutas deterioradas que, lejos de ser una excepción, se han convertido en una constante en el mapa vial de la provincia.
