Redacción
Las estafas virtuales dejaron de ser un hecho aislado para convertirse en uno de los delitos que más creció en los últimos años. Así lo explicó el abogado Andrés Chiappero, especialista en la materia, durante una entrevista realizada en Radio El Espectador 100.1, con la participación de RAFAELA INFORMA y Next TV.
Según señaló, el punto de inflexión se dio tras la pandemia, cuando se aceleró la digitalización de las operaciones bancarias y comerciales. “Hoy la mayoría de las transacciones se hacen de manera virtual: transferencias, billeteras digitales, tarjetas, créditos preaprobados. Ese escenario fue aprovechado por organizaciones delictivas que perfeccionaron sus métodos”, explicó.
Chiappero recordó que, antes de la expansión digital, las estafas se daban principalmente a través de llamados telefónicos a líneas fijas, con maniobras como los falsos secuestros virtuales, dirigidos sobre todo a adultos mayores. Con el paso del tiempo, esas prácticas mutaron hacia esquemas más complejos de ingeniería social, que incluyen suplantación de identidad bancaria, hackeos, fraudes por WhatsApp y falsas ofertas laborales.
Entre las modalidades más recientes, el abogado mencionó el llamado vishing —engaños realizados por voz—, donde el estafador se hace pasar por un representante de una entidad financiera y conduce a la víctima a solicitar préstamos, realizar transferencias o brindar claves. También alertó sobre estafas vinculadas a la búsqueda de empleo, con falsas empresas que terminan involucrando a las personas en esquemas fraudulentos.
Consultado sobre quiénes son las principales víctimas, Chiappero fue claro: “Nos puede pasar a todos”. Sin embargo, reconoció que los adultos mayores suelen ser más vulnerables por un menor apego a la tecnología, aunque insistió en que el delito no distingue edades.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la responsabilidad de los bancos y billeteras virtuales. El abogado explicó que, en muchos casos, las entidades financieras deben responder por los daños sufridos por los usuarios. “Los bancos tienen un deber de seguridad. El dinero se deposita allí justamente por una cuestión de protección, y ese deber no puede trasladarse al cliente”, remarcó.
En ese sentido, recordó que el Banco Central de la República Argentina impuso normas específicas para prevenir estafas, como la verificación de identidad al otorgar créditos y la obligación de establecer plazos de espera antes de que los fondos estén disponibles. “Muchas veces esas medidas no se cumplen, y ahí aparece la responsabilidad del banco”, sostuvo.
No obstante, aclaró que cada caso debe analizarse de manera particular. Hay situaciones en las que la operación fue realizada voluntariamente por el usuario, lo que puede limitar las posibilidades de recuperación del dinero. “Por eso es clave actuar rápido, denunciar de inmediato y buscar asesoramiento profesional”, indicó.
Chiappero también se refirió a los vacíos legales que aún existen y a la necesidad de avanzar en herramientas más eficaces, como un “botón de pánico” bancario que permita bloquear cuentas de manera inmediata ante una estafa en curso. Además, adelantó que se analiza una reforma del Código Penal para incorporar un capítulo específico sobre ciberdelitos.
Finalmente, el abogado insistió en la prevención como primera línea de defensa: desconfiar de ofertas demasiado tentadoras, verificar siempre la autenticidad de las páginas, evitar brindar datos personales y operar únicamente en plataformas oficiales. “La ingeniería delictiva avanza muy rápido, pero informarse y tomar recaudos puede marcar la diferencia”, concluyó.
