
“La electricidad mata en silencio”: advierten que la mayoría de las viviendas no cumple normas básicas de seguridad
Redacción
La seguridad eléctrica volvió al centro del debate local tras una extensa y contundente charla brindada por Gerardo Manera y Horacio Dominino en el programa Reencuentro, que conduce Gerardo Zanoni por GZ Radio FM 100.7. Ambos coincidieron en un diagnóstico alarmante: entre el 85 y el 90 % de las viviendas no cumple con la normativa eléctrica vigente, una situación que expone a la población a incendios y electrocuciones evitables.
Lejos de tratarse de una discusión técnica menor, Dominino explicó que existe una ley nacional que obliga a que todas las instalaciones eléctricas se realicen conforme a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), normativa respaldada además por la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. “No es una ordenanza que se pueda discutir si gusta o no: es una ley nacional y está por encima de cualquier normativa provincial o municipal”, subrayó.
En ese contexto, ambos remarcaron que en Rafaela sigue vigente una ordenanza con más de 40 años de antigüedad, basada en reglamentaciones técnicas de los años 80, completamente desactualizadas frente al avance tecnológico y al aumento del consumo eléctrico domiciliario. “Hoy una casa tiene microondas, hornos eléctricos, aires acondicionados, cocinas de inducción. Nada de eso estaba contemplado hace 30 o 40 años”, advirtió Dominino.
Manera fue directo al punto más sensible: las consecuencias. Recordó que en los últimos años se registraron muertes por electrocución en la ciudad y que, según datos aportados por Bomberos, cerca del 40 % de los incendios tiene origen en fallas eléctricas. “Con un disyuntor bien instalado y una puesta a tierra correcta, muchas de esas tragedias no ocurrirían”, sostuvo.
Otro de los ejes fuertes del planteo fue la falta de controles efectivos. Según explicaron, aunque los planos muchas veces cumplen con la normativa en el papel, en la obra real se utilizan materiales de menor calidad para abaratar costos y no existe una inspección final rigurosa que garantice que la instalación es segura. “La electricidad es más peligrosa que el gas: no se ve, no se huele y no hace ruido. Y sin embargo, al gas lo controlamos mucho más”, comparó Dominino.
Ambos señalaron que el problema no es solo del instalador, sino también de los propietarios, las empresas constructoras y el Estado. “La instalación eléctrica representa apenas el 5 o 6 % del costo total de una obra. Hacerla bien cuesta un 20 o 25 % más sobre ese porcentaje. Es mínimo frente al riesgo que se evita”, remarcaron.
En ese marco, confirmaron que impulsan un proyecto para actualizar la normativa local y alinearla plenamente con las reglas de la AEA, siguiendo ejemplos ya implementados en Córdoba, Salta, Catamarca y otras ciudades del país. La propuesta incluye inspecciones finales obligatorias, certificaciones periódicas y un registro activo de instaladores habilitados.
“El objetivo es uno solo: que no muera más nadie por una causa evitable”, resumió Manera. Y cerró con una frase que atravesó toda la entrevista: “La seguridad eléctrica no vende políticamente, porque no se ve. Pero cuando falta, se cobra vidas”.


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