Reforma previsional en la cuerda floja: advierten que la Corte podría frenarla antes de septiembre

La reforma previsional sancionada en Santa Fe atraviesa horas decisivas y podría tener un desenlace anticipado. Así lo advirtió el abogado Andrés Chiappero, quien analizó el escenario jurídico tras la decisión del Gobierno provincial de no prorrogar la emergencia previsional más allá de septiembre.

En diálogo con el programa Reencuentro (GZ Radio FM 100.7), el letrado sostuvo que el anuncio oficial responde a la inminencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que podría declarar la inconstitucionalidad de los artículos más cuestionados de la norma.

“La ley de emergencia previsional tenía vigencia por dos años, con posibilidad de una prórroga por un año más a decisión del Ejecutivo. Lo que hace el Gobierno es anticiparse a una derrota judicial que, desde el punto de vista jurídico, aparece prácticamente inevitable”, explicó Chiappero.

Según detalló, la norma —sancionada en septiembre— estableció el llamado aporte solidario para jubilaciones que superaran determinado umbral, además de un esquema que postergó los aumentos de los pasivos a 60 días, una medida que generó fuerte rechazo por su impacto directo en los ingresos reales de los jubilados.

Un fallo que podría acelerar el final

Para el abogado, el escenario más probable es que la Corte provincial se expida antes de septiembre, lo que implicaría la caída anticipada de la reforma. En ese caso, el Ejecutivo debería acatar el fallo o recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una alternativa que —según Chiappero— carece de sustento jurídico sólido.

“El Gobierno no tendría argumentos suficientes para revertir un fallo adverso en instancias superiores. La norma afecta derechos adquiridos y a un grupo claramente determinado, lo que debilita cualquier defensa posterior”, remarcó.

Además, subrayó que si la Corte declara la inconstitucionalidad, el Estado provincial estaría obligado a devolver los montos descontados a los jubilados, incluso con la posibilidad de que se reclamen intereses, al tratarse de retenciones consideradas ilegales.

Críticas al trámite legislativo

Chiappero también cuestionó la forma en que la reforma fue aprobada. Recordó que el tratamiento fue acelerado, sin un debate profundo y con una reglamentación casi inmediata, lo que —a su entender— evidenció una decisión política orientada a obtener recursos en el corto plazo.

“Fue una ley sancionada a las apuradas, sin medir consecuencias, con un costo político enorme y con una conflictividad social que incluyó protestas y represión. Hoy ese daño ya está hecho y la gente lo va a recordar”, señaló.

Un sistema que no resolvió el problema de fondo

En su análisis, el abogado consideró que el aporte solidario no solucionó el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones y que el problema de fondo sigue siendo la deuda que mantiene el Estado nacional con las cajas provinciales no transferidas.

“El discurso oficial cambió completamente. Primero se presentó la reforma como una salvación del sistema y ahora se la deja caer. Eso demuestra que la herramienta fracasó”, afirmó.

De confirmarse el fallo de la Corte, se abrirá una nueva etapa marcada por los reclamos de reintegro y por la necesidad de redefinir el esquema previsional provincial, en un contexto donde los jubilados aparecen como los principales damnificados de una reforma que, según los cuestionamientos legales, nunca debió aplicarse.