RedacciónUn hombre de 28 años, identificado por sus iniciales A.E.S.A., quedó en prisión preventiva acusado de haber llevado adelante una serie de estafas reiteradas en Rafaela bajo una modalidad que combinaba promesas de inversión y engaños sostenidos en el tiempo.
La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer a pedido del fiscal Guillermo Loyola, en el marco de una audiencia desarrollada en los tribunales locales.
Según la investigación, el imputado se presentaba como “trader” y utilizaba esa imagen para generar confianza en sus víctimas. De esa manera, logró captar al menos a 12 personas que le entregaron dinero en pesos y en dólares, bajo la promesa de obtener ganancias mensuales a partir de supuestas operaciones en divisas y criptomonedas.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la maniobra se extendió entre 2021 y 2025 y estuvo basada en un esquema deliberado de engaño. El acusado no solo prometía rendimientos financieros, sino que en algunos casos ofrecía negocios inmobiliarios o firmaba contratos vinculados a la gestión de capitales.
Sin embargo, una vez recibido el dinero, se lo apropiaba sin cumplir con lo acordado. Solo en contadas ocasiones entregaba montos menores, lo que le permitía sostener la credibilidad del esquema y prolongar el engaño.
Para evitar reclamos, el imputado recurría a excusas reiteradas, argumentando supuestas pérdidas en el mercado o dificultades en las inversiones, lo que le permitía dilatar las devoluciones y mantener a las víctimas en un estado de error.
Al momento de resolver la medida cautelar, el juez consideró acreditados los elementos que vinculan al acusado con los hechos, así como la magnitud del perjuicio económico generado. También tuvo en cuenta el riesgo de fuga, ya que el imputado se había trasladado a la provincia de Córdoba, lo que dificultó su localización.
Además, se evaluó la posibilidad de que, en libertad, pudiera entorpecer la investigación, especialmente en lo referido a pruebas digitales y testimonios de las víctimas.
En ese marco, se resolvió dictar la prisión preventiva al entender que no existen alternativas suficientes para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial. Foto: Fiscal Guillermo Loyola.
