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Avanza un proyecto para intervenir ante amenazas en escuelas: más poder policial y control en redes

El Gobierno provincial busca crear un marco legal para actuar frente a situaciones de intimidación en ámbitos educativos, tras los recientes episodios que generaron alarma.
Provinciales09/05/2026RedacciónRedacción

En medio de la preocupación generada por amenazas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos de la provincia, el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley que apunta a establecer herramientas concretas para intervenir de manera preventiva en estos casos.

La iniciativa surge tras los episodios registrados en San Cristóbal y su réplica en distintos puntos del territorio santafesino, donde aparecieron mensajes que advertían sobre posibles hechos violentos, generando temor en la comunidad educativa.

En ese contexto, los ministros de Seguridad y de Gobierno mantuvieron un encuentro con legisladores oficialistas para presentar los lineamientos de un anteproyecto que busca ordenar la respuesta estatal ante este tipo de situaciones.

Según se conoció, la propuesta contempla la posibilidad de declarar una “Alerta de Riesgo Crítico Emergente” cuando existan indicios de peligro real o potencial en ámbitos escolares o espacios vinculados a jóvenes. Esta herramienta permitiría activar protocolos específicos ante amenazas, incluso cuando no se haya concretado un delito.

El borrador del proyecto otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad, incluyendo la posibilidad de monitorear redes sociales, realizar ciberpatrullaje y solicitar la intervención sobre contenidos digitales considerados riesgosos.

Además, se prevé que la policía pueda actuar con mayor amplitud en los establecimientos alcanzados por una eventual alerta, con medidas que van desde inspecciones y control de accesos hasta evacuaciones preventivas o requisas, siempre en función del nivel de riesgo detectado.

Otro de los puntos relevantes es la incorporación de la llamada “responsabilidad parental”, que implicaría que los padres o tutores deban afrontar los costos operativos generados por acciones de sus hijos en caso de amenazas o situaciones que activen estos protocolos.

También se establece la obligación de docentes y personal educativo de reportar cualquier hecho sospechoso, como amenazas, circulación de contenidos peligrosos o conductas que puedan derivar en situaciones de riesgo.

El proyecto aún se encuentra en etapa de elaboración, pero marca una línea de acción clara por parte del Gobierno provincial frente a un fenómeno que preocupa y que, en los últimos meses, mostró señales de expansión en distintos puntos de Santa Fe.

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