RedacciónEl secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Rafaela y de la CGT local, Roberto Oesquer, se refirió a la intervención dispuesta sobre la conducción nacional del gremio y aseguró que la medida genera incertidumbre en un momento clave para la negociación salarial de los trabajadores metalúrgicos.
En diálogo con RAFAELA INFORMA, Oesquer explicó que el conflicto se originó a partir de cuestionamientos vinculados al proceso electoral desarrollado en la seccional Campana, donde la lista encabezada por Abel Furlán obtuvo una amplia victoria sobre la oposición. Según indicó, pese a los reclamos presentados, la elección fue ratificada posteriormente por el respaldo mayoritario obtenido por Furlán durante la elección del Secretariado Nacional.
Sin embargo, una resolución de la Cámara Nacional del Trabajo dispuso la intervención tanto de la seccional Campana como del Secretariado Nacional de la UOM por el plazo de seis meses, con el objetivo de convocar a nuevos comicios.
Frente a esta situación, el Consejo Directivo del gremio, integrado por representantes de todas las seccionales del país, resolvió designar autoridades normalizadoras para garantizar el funcionamiento institucional mientras se avanza con el cumplimiento de la resolución judicial. Además, se conformó una comisión especial para continuar con las negociaciones salariales durante este período.
Oesquer sostuvo que la organización no comparte los fundamentos de la medida judicial, aunque decidió acatarla para evitar mayores conflictos. En ese sentido, remarcó que la preocupación central pasa por la posibilidad de que se demoren las discusiones paritarias en un contexto económico complejo para los trabajadores del sector.
“El principal temor es que se dificulte la negociación salarial y que los trabajadores terminen siendo los perjudicados”, señaló el dirigente, al advertir que seis meses sin actualizaciones salariales podrían profundizar aún más la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa el sector metalúrgico.
Finalmente, Oesquer manifestó su expectativa de que la situación institucional pueda normalizarse en el corto plazo y cuestionó lo que consideró una intromisión de la Justicia en la vida interna de la organización sindical. También reiteró que la prioridad debe ser garantizar la representación de los trabajadores y la continuidad de las negociaciones colectivas.
