RedacciónEl abogado constitucionalista Félix Lonigro dialogó con Gerardo Zanoni en el programa Reencuentro, que se emite por GZ Radio FM 100.7, y se refirió a la controversia generada en torno a la designación de jueces federales y el reciente acuerdo otorgado por el Senado a una candidata cuyo nombramiento ahora es cuestionado por el Gobierno nacional.
Durante la entrevista, Lonigro explicó que la Constitución Nacional establece un procedimiento específico para la designación de magistrados federales inferiores, que consta de tres etapas: la selección a cargo del Consejo de la Magistratura, la designación por parte del Presidente de la Nación y el acuerdo del Senado.
El constitucionalista detalló que el Presidente ya había intervenido en la primera parte del proceso de designación al elegir a la candidata de una terna y enviar su pliego al Senado para su tratamiento. Posteriormente, la Cámara Alta avanzó con la aprobación correspondiente.
En ese contexto, consideró que una vez cumplidos esos pasos el Poder Ejecutivo no puede retroceder sobre sus propios actos. Según sostuvo, el reglamento del Senado impide retirar un pliego sin la conformidad de la propia Cámara y, una vez otorgado el acuerdo, el Presidente debería completar el trámite mediante la firma del decreto de designación.
Lonigro argumentó además que negarse a emitir ese decreto podría constituir una situación de mal desempeño institucional. Incluso señaló que, de persistir una eventual negativa presidencial, la magistrada involucrada podría recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento del procedimiento constitucional.
A lo largo de la charla también expresó preocupación por lo que considera una escasa atención pública sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, remarcó que la designación de jueces es un tema central para la calidad democrática y para el funcionamiento del sistema judicial.
Finalmente, el abogado insistió en que, desde su interpretación jurídica, el proceso ya se encuentra suficientemente avanzado y que el Gobierno nacional debería completar la designación para evitar un conflicto institucional de mayor magnitud.
