RedacciónSanta Fe quiere profundizar el esquema de desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo y trasladó esa discusión al Congreso Nacional.
La propuesta apunta especialmente a aquellos casos que se encuentran en una zona intermedia entre la venta minorista de drogas y las investigaciones de mayor escala que corresponden a la Justicia Federal.
Para el Gobierno provincial, esa falta de precisión puede generar dificultades en investigaciones que comienzan alrededor de un punto de venta barrial y luego revelan conexiones con estructuras criminales más amplias.
Cococcioni expondrá en Diputados
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe fue invitado a participar este miércoles de la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados, donde se encuentra bajo análisis el proyecto presentado por integrantes de Provincias Unidas.
La iniciativa fue ingresada por la diputada Gisela Scaglia y busca modificar el esquema actual de competencias establecido alrededor de la Ley 23.737.
La comisión es presidida por Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, y cuenta además con la participación de los santafesinos Pablo Farías, Alejandro Bongiovanni y Juan Pablo Montenegro.
Con información de El Litoral, Cococcioni sostuvo que la modificación permitiría utilizar de manera más eficiente los recursos judiciales, aliviar la carga que actualmente enfrenta el fuero federal y fortalecer la capacidad de las provincias para investigar delitos que tienen un impacto directo sobre la seguridad en los barrios.
El problema de distinguir entre microtráfico y narcotráfico
Uno de los principales planteos de Santa Fe pasa por las dificultades que aparecen al momento de determinar qué investigación corresponde a cada jurisdicción.
Actualmente, las provincias pueden intervenir cuando se trata de drogas fraccionadas destinadas directamente al consumidor. Para Cococcioni, esa definición puede resultar insuficiente cuando una investigación comienza con pequeñas cantidades pero conduce hacia una organización vinculada con distintos puntos de venta.
Desde el Gobierno santafesino sostienen que una interpretación demasiado restrictiva puede provocar que una misma pesquisa termine dividida entre la Justicia provincial y la federal.
El objetivo es evitar que parte de una investigación deba trasladarse de jurisdicción cuando detrás de la venta minorista aparecen bandas que disputan territorios, búnkeres o esquinas y que, en muchos casos, están relacionadas con episodios de violencia.
El foco puesto en las bandas barriales
La postura provincial diferencia claramente la comercialización territorial de drogas del narcotráfico de gran escala.
Según explicó Cococcioni, la intención no es reemplazar a la Justicia Federal en investigaciones relacionadas con organizaciones internacionales, tráfico fronterizo, rutas aéreas o vías navegables.
La Provincia pretende conservar bajo investigación local aquellos casos vinculados con la venta barrial cuando formen parte de estructuras criminales que generan violencia en el territorio.
Para el ministro, poder investigar estos hechos de manera conjunta con el Ministerio Público de la Acusación representa una herramienta central de la política de seguridad que viene desarrollando Santa Fe.
Qué propone el proyecto
La iniciativa amplía los casos en los que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrían intervenir frente a delitos contemplados en la Ley 23.737.
También incorpora criterios para definir con mayor precisión las competencias, establecer qué ocurre cuando existen delitos relacionados entre sí y resolver eventuales conflictos entre la Justicia provincial y federal.
La intención es evitar interrupciones, demoras o divisiones de investigaciones que puedan terminar beneficiando a las organizaciones investigadas.
El esquema tendría además carácter voluntario: cada provincia podría decidir si adhiere o no, teniendo en cuenta sus propias características territoriales y capacidades operativas.
Santa Fe ya avanzó con la desfederalización
La provincia adhirió al régimen de desfederalización de determinados delitos vinculados con drogas a fines de 2023, poco después de la llegada de Maximiliano Pullaro al Gobierno.
La medida se convirtió entonces en una de las primeras leyes impulsadas por la nueva administración provincial en materia de seguridad.
Ahora Santa Fe busca avanzar un paso más y modificar el marco nacional para ampliar el margen de acción de las provincias frente al narcomenudeo, con el argumento de que la venta territorial de drogas no puede analizarse de manera aislada cuando aparece relacionada con bandas criminales y hechos violentos.
