
Santa Fe propone cuatro niveles de riesgo para actuar ante casos de violencia de género
RedacciónSanta Fe busca modificar el modo en que el Estado interviene frente a situaciones de violencia de género. El Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley que establece un esquema de actuación basado en el nivel de riesgo de cada caso y prevé medidas más severas ante incumplimientos o escenarios considerados críticos.
La propuesta, denominada de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, fue elaborada por distintas áreas del Gobierno y ahora deberá ser analizada por la Legislatura.
Durante la presentación participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki.
Cuatro niveles para definir la respuesta
Uno de los ejes centrales será la clasificación de cada situación en cuatro categorías: riesgo bajo, medio, alto y crítico.
Para establecer ese nivel se tendrán en cuenta distintos indicadores, entre ellos amenazas de muerte, separaciones recientes, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, intentos de estrangulamiento, incumplimientos de medidas anteriores y reiteración de llamados al 911.
A partir de esa evaluación se determinarán las medidas de protección. La intención es que la intervención estatal aumente en intensidad a medida que crece el riesgo.
En los casos más graves podrán aplicarse restricciones sobre armas y tobilleras electrónicas para controlar el cumplimiento de las distancias impuestas.
Más consecuencias para quienes incumplan
El proyecto también prevé respuestas más duras frente a quienes desobedezcan medidas judiciales.
Entre las herramientas contempladas aparecen los arrestos conminatorios y el registro de cada incumplimiento, información que posteriormente será utilizada para nuevas evaluaciones.
“A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras”, explicó Cococcioni durante la presentación.
Que la víctima no tenga que recorrer oficinas
Otro de los cambios apunta a reducir los trámites que actualmente recaen sobre las personas que atraviesan situaciones de violencia.
La propuesta establece que las presentaciones deberán poder recibirse en cualquier comisaría u organismo y que, frente a una urgencia, cualquier tribunal estará habilitado para intervenir.
Cococcioni cuestionó que hoy existan situaciones en las que la propia víctima deba trasladar documentación entre organismos o dependencias.
“El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales”, sostuvo.
Las medidas de protección, además, tendrían vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea formalmente notificado.
Un registro único y asistencia económica
La iniciativa prevé también la creación de un sistema digital que concentre información de los distintos organismos intervinientes, con el objetivo de evitar que los antecedentes queden dispersos.
A eso se sumaría un fondo provincial de asistencia urgente destinado a víctimas y sus familias, especialmente en situaciones donde la dependencia económica pueda dificultar la salida del contexto de violencia.
Además, se plantea conformar equipos interdisciplinarios especializados que puedan intervenir en la evaluación, acompañamiento y seguimiento de los casos.
Sin mediación en casos de violencia
La secretaria Andrea Travaini explicó que la intención es abandonar un modelo exclusivamente reactivo y avanzar hacia otro que priorice la prevención y la detección temprana.
El proyecto excluye expresamente la mediación y la conciliación para este tipo de situaciones y también incorpora como elemento de análisis la percepción de riesgo expresada por la propia víctima.
“Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla”, señaló Travaini.
La propuesta incluye además estrategias de prevención y acompañamiento territorial junto a municipios y comunas, con la intención de que las herramientas puedan aplicarse en toda la provincia y no solamente en las grandes ciudades.


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