RedacciónEl Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este jueves el derribo de dos puntos de venta de drogas en French al 2000, en Rosario. Las intervenciones fueron autorizadas en el marco de una investigación sobre una organización presuntamente vinculada al Clan Riquelme.
Con estos procedimientos, la Provincia alcanzó las 152 inactivaciones de inmuebles desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. De ese total, 92 corresponden a Rosario.
Las actuaciones se desarrollan bajo la Ley de Microtráfico, aplicada desde principios de 2024 mediante el trabajo conjunto del Gobierno provincial, el MPA, la Justicia y la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. La normativa permite intervenir sobre puntos de comercialización de estupefacientes e inmuebles vinculados con hechos de violencia altamente lesiva.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la coordinación entre las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). Según explicó, los derribos fueron el resultado de una investigación compleja sobre lugares que funcionaban como focos de violencia en el barrio.
También se refirió a la presunta participación de un abogado en la estructura investigada y señaló que la causa muestra cómo el narcotráfico puede involucrar a distintos actores para sostener su actividad.
Una investigación por venta de drogas y disputas territoriales
La fiscal Mercedes Banchio informó que las personas investigadas fueron imputadas por asociación ilícita. La pesquisa, indicó, permitió identificar una presunta estructura dedicada a la comercialización organizada de estupefacientes, con hechos de violencia relacionados con disputas territoriales.
La hipótesis fiscal apunta a una organización integrada por Francisco Riquelme, actualmente detenido, su hijo Ezequiel y otras personas que habrían intentado sostener puntos de venta de drogas en la zona.
Por su parte, la fiscal Marina Vigo precisó que la investigación comenzó a partir del homicidio de una persona de apellido Sosa y comprende tres homicidios, una tentativa de homicidio, usurpaciones y amenazas calificadas. Según la acusación, algunos de estos hechos tenían como objetivo apropiarse de viviendas para utilizarlas en la venta de estupefacientes.
Vigo señaló que Ezequiel Riquelme fue imputado como presunto organizador territorial. Además, un abogado de Buenos Aires fue acusado de actuar como intermediario entre Francisco Riquelme, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, y quienes operaban fuera de la cárcel.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría triangulado comunicaciones para transmitir instrucciones desde el establecimiento penitenciario hacia otros integrantes de la organización.
Más de quince personas imputadas
El fiscal Diego Giro informó que la causa permitió imputar a más de quince personas, entre ellas quien sería el jefe de la organización y el abogado señalado como nexo con sus integrantes en el territorio.
Los derribos se suman a las medidas adoptadas para desarticular los puntos de venta investigados, mientras el proceso judicial continúa para determinar las responsabilidades de las personas imputadas.
