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Santa Fe avanza contra el microtráfico: ya fueron derribados 157 búnkeres de drogas en la provincia

Este jueves se concretó la demolición de dos construcciones utilizadas para la comercialización de estupefacientes en Villa Oculta, Rosario. Los procedimientos forman parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico, vigente desde 2024. Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de las denuncias de los vecinos para identificar estos puntos de venta.

El Gobierno de Santa Fe continúa avanzando con las intervenciones destinadas a desactivar puntos de venta de drogas en distintos sectores de la provincia. Este jueves, dos construcciones ubicadas en Villa Oculta, en la ciudad de Rosario, fueron derribadas tras una investigación que permitió establecer su vinculación con actividades de microtráfico.

El operativo se desarrolló en calle Héctor Palacios al 3700 y contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Con estas nuevas intervenciones, ya son 157 los inmuebles inactivados en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, a principios de 2024. De ese total, 107 corresponden al departamento Rosario y 95 específicamente a la ciudad.

La normativa permite intervenir sobre construcciones utilizadas para la comercialización de estupefacientes y propiedades relacionadas con actividades delictivas y hechos de violencia. Su aplicación requiere un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, la Justicia, el MPA, la Policía de Santa Fe y otras fuerzas de seguridad.

El aporte de los vecinos fue clave para avanzar con la investigación

Durante el procedimiento, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó la importancia de la participación ciudadana para identificar los lugares donde se desarrollan actividades vinculadas con la venta de drogas.

En ese sentido, explicó que las denuncias realizadas a través de la Central 911 llegan directamente a la Fiscalía y permiten aportar información tanto para las investigaciones judiciales como para la planificación de los operativos policiales.

“Estos puntos de venta tenían un alto tránsito de personas y representaba un riesgo. No hay que confundir la precariedad del lugar con el daño que les producía a los vecinos de esta zona de la ciudad”, sostuvo.

Además, remarcó que la Ley de Microtráfico representa un cambio en la manera de abordar esta problemática.

“Esta política vino a cambiar las cosas y a saldar una deuda de larga data. No debemos olvidar el riesgo que implica el microtráfico por el recrudecimiento de la violencia”, afirmó.

El funcionario también insistió en la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad para detectar y desactivar estos espacios.

Detectaron movimientos constantes mediante un dron

La fiscal Mercedes Banchio brindó detalles sobre la investigación que derivó en la demolición de las dos construcciones.

Según explicó, ambos inmuebles estaban ubicados dentro de un terreno perteneciente al Estado provincial que había sido usurpado. Las denuncias de los vecinos advertían sobre un movimiento permanente de personas que ingresaban y salían de las edificaciones.

A partir de esa información, los investigadores realizaron tareas de vigilancia y utilizaron un dron para observar la actividad en el lugar.

“Utilizamos un dron para sobrevolar el lugar y captamos movimientos durante todo el día: las personas entraban y salían de estas dos construcciones. Cuando realizamos los allanamientos, encontramos mucho material de recorte”, detalló la fiscal.

Banchio también describió las condiciones precarias de los inmuebles, que no contaban con servicios básicos como agua potable, electricidad o gas. Según indicó, estas características estaban relacionadas con la permanencia transitoria de las personas que utilizaban los espacios.

Una investigación que continúa abierta

La fiscal aclaró que, hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con estas intervenciones y que los procedimientos forman parte de una investigación de mayor alcance.

El objetivo inicial fue identificar uno de los principales puntos de comercialización de drogas en el sector y avanzar con su desactivación.

En este sentido, explicó que la estrategia busca interrumpir la actividad ilícita que se desarrollaba en las construcciones, sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones judiciales.

Con 157 inmuebles inactivados en el territorio santafesino, la Provincia sostiene la aplicación de la Ley de Microtráfico como una de las herramientas para intervenir sobre los puntos de venta de drogas y reducir los riesgos asociados a estas actividades en los barrios.