RedacciónEl juicio por la denominada causa Spaggiari finalmente comenzó a avanzar este jueves en Rafaela después de una primera discusión procesal que puso en duda, durante algunas horas, la continuidad inmediata del debate.
Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Ofelia Condotto y Carolina Rocío Schaberger llegaron a juicio como acusados en una investigación por una presunta asociación ilícita y cientos de hechos de estafa vinculados con la captación de dinero de ahorristas.
El tribunal está integrado por Nicolás Stegmayer, Juan Gabriel Peralta y Laura Lencina, mientras que la acusación pública está encabezada por el fiscal Guillermo Loyola.
Tres planteos antes de comenzar
La defensa, a cargo de Gustavo Abraham, intentó detener el avance del juicio a partir de tres cuestiones.
Una estaba vinculada con una queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Las otras dos se relacionaban con los procedimientos abreviados mediante los cuales seis coimputados fueron recientemente condenados a tres años de prisión condicional.
La defensa cuestionó tanto la incidencia que esas resoluciones podrían tener sobre el juicio principal como el hecho de que las condenas todavía pudieran ser recurridas.
Fiscalía y querellas se opusieron.
Finalmente, el tribunal rechazó los tres planteos. Los jueces entendieron que la queja pendiente no tenía efecto suspensivo y que los juicios abreviados de otros imputados no impedían avanzar con el debate contra quienes decidieron llegar a juicio oral.
Con ese punto resuelto, comenzó la discusión central del caso.
La Fiscalía habló de una “rueda”
Durante su exposición, Loyola utilizó la figura de una rueda para explicar cómo, según la acusación, habría funcionado el sistema de captación de dinero.
La hipótesis fiscal sostiene que los fondos aportados por nuevos ahorristas eran utilizados para afrontar los rendimientos prometidos a quienes habían ingresado anteriormente.
Para el fiscal, no se trató simplemente de un emprendimiento que atravesó dificultades económicas, sino de una operatoria que necesitaba incorporar constantemente nuevos aportantes para mantenerse.
La acusación sitúa ese funcionamiento entre 2019 y 2022 y sostiene que los ahorristas entregaban pesos, dólares y euros a cambio de convenios que podían ofrecer rendimientos de hasta un 3% mensual en dólares.
Según lo expuesto durante el juicio, la investigación comprende 558 hechos de estafa y alrededor de un millar de convenios. El perjuicio económico fue calculado por la acusación en más de 8 millones de dólares, aproximadamente $235 millones y unos 11.500 euros.
Empresas y proyectos bajo la mirada de la acusación
Otro de los puntos centrales está relacionado con la actividad empresarial que rodeaba la captación de los fondos.
Para la Fiscalía, las oficinas, empresas, emprendimientos inmobiliarios, fábricas, publicidad y proyectos contribuían a generar confianza entre quienes entregaban sus ahorros.
Loyola sostuvo que Fernando y Matías Spaggiari ocupaban el rol de jefes y organizadores de la presunta asociación ilícita.
A Mirta Condotto le atribuyó funciones relacionadas con la recepción, conteo, guarda y registración del dinero, mientras que Carolina Schaberger habría participado, según la acusación, en tareas vinculadas con turnos, recepción de fondos, entrega de intereses y contacto con clientes.
La Fiscalía anticipó pedidos de 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari y de 9 años para Condotto. Para Schaberger planteó una pena diferenciada de acuerdo con el grado de participación que le atribuye.
Los hermanos rechazaron la hipótesis de una estafa
Después de la exposición acusatoria, Fernando y Matías Spaggiari dieron su propia explicación ante el tribunal.
Ambos negaron que hubiera existido una decisión deliberada de quedarse con el dinero de los ahorristas.
Matías sostuvo que la actividad estaba principalmente ligada a negocios inmobiliarios y que los fondos que ingresaban eran reinvertidos en distintos emprendimientos.
También recordó que las empresas llegaron a contar con más de un centenar de trabajadores y afirmó que detrás del esquema existía una actividad productiva concreta.
“Si ganamos, ganamos todos”, fue una de las ideas con las que resumió la lógica que, según su versión, guiaba los negocios.
Fernando, por su parte, atribuyó los incumplimientos a una combinación de pandemia, inflación, variaciones del dólar, falta de liquidez y dificultades para obtener financiamiento.
“Nunca en nuestra empresa hubo intención de estafar”, afirmó.
También defendió la existencia real de las fábricas y emprendimientos cuestionados por la acusación y mencionó vínculos con instituciones educativas y técnicas como parte de los proyectos desarrollados.
Dos explicaciones enfrentadas
El eje que atravesará buena parte del juicio quedó así claramente planteado.
Para la Fiscalía, existió un sistema que dependía de la entrada constante de nuevos ahorristas y que utilizaba una estructura empresarial para sostener la confianza.
Para los acusados, en cambio, hubo negocios reales que atravesaron una crisis económica que impidió cumplir en tiempo y forma con las obligaciones asumidas.
El juicio continuará durante octubre, noviembre y diciembre con una extensa producción de prueba y la declaración de numerosos testigos y víctimas.
La sentencia está prevista para el 28 de diciembre.
