RedacciónEl futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria quedó bajo la lupa a partir de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, que analiza los cambios contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027.
El punto central está en el artículo 21, que propone eliminar la asignación específica vinculada con las importaciones que actualmente financia al INTA, al SENASA y al INTI.
Para el INTA, esa fuente representa actualmente más de la mitad de sus recursos.
Una reducción real del 50%
De acuerdo con CEPA, durante 2026 el INTA dispone de un presupuesto de $905.711 millones.
De ese total, $513.034 millones, equivalentes al 57%, provienen de la alícuota sobre las importaciones, mientras que $392.677 millones corresponden a otras fuentes de ingresos.
Para 2027, el proyecto contempla $546.784 millones y ya no incluye recursos provenientes de esa asignación.
Según el cálculo del informe, al descontar el efecto de la inflación la caída real sería del 50% en un solo año.
Un mecanismo vigente desde 2002
El financiamiento específico fue establecido en 2002.
En un primer momento, se fijó una asignación equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones destinada al INTA.
Posteriormente, el porcentaje se elevó al 0,65% y comenzó a distribuirse entre tres organismos: 0,45% para el INTA, 0,15% para SENASA y 0,05% para INTI.
CEPA plantea que, de aprobarse la eliminación de ese mecanismo, desaparecería una fuente propia de recursos y los organismos quedarían más sujetos a las asignaciones del Tesoro.
La caída acumulada desde 2023
El informe sostiene que el ajuste previsto para 2027 no sería un hecho aislado.
Al comparar los recursos proyectados para el próximo año con los correspondientes a 2023, CEPA calcula que el presupuesto real del INTA caería 55,9%.
En el mismo período, el INTI registra una reducción calculada del 65,6% y el Instituto Nacional del Agua, del 61,6%.
Investigación y servicios afectados
El estudio advierte que la fuente específica de financiamiento sostiene gastos de funcionamiento, inversiones, becas, estudios de posgrado, parte de los salarios y el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Según la documentación relevada, el ajuste ya afectó al 23% de las actividades de investigación y desarrollo en los territorios y al 42% de las líneas de innovación.
El impacto alcanzaría a 29 cadenas y economías regionales y a 202 unidades.
También se mencionan 93 convenios y servicios de gestión de calidad que podrían no cumplirse y la desvinculación de 223 profesionales con posgrado durante el retiro realizado en julio de 2026.
Menor presencia territorial
Otro de los puntos analizados es el retroceso de la estructura territorial del organismo.
El informe menciona la baja de 41 Agencias de Extensión Rural, el cierre de 74 oficinas y la decisión de cerrar la Estación Experimental AMBA junto con sus nueve agencias.
CEPA advierte que esta situación puede afectar especialmente a pequeños y medianos productores, que representan una parte significativa de las explotaciones agropecuarias del país.
También aparecen comprometidos programas de asistencia, cadenas cortas de comercialización, trabajos con cooperativas y experiencias como Cambio Rural.
Emergencias, clima y alertas tempranas
El INTA produce información sobre suelos, agua y clima, además de mapas productivos y redes de monitoreo.
El informe plantea que una menor disponibilidad de recursos puede reducir la capacidad de respuesta frente a sequías, inundaciones, plagas emergentes y emergencias sanitarias.
Entre los escenarios posibles se menciona que, ante una nueva plaga, los monitoreos y recomendaciones podrían demorarse.
También advierte que una pérdida de información climática o hídrica podría dejar a productores y organismos públicos con menos herramientas para tomar decisiones frente a una sequía o una inundación.
Tecnología y genética agropecuaria
La agenda de mediano plazo del INTA incluye proyectos vinculados con gestión de cuencas, recursos hídricos, riego, inteligencia artificial, drones, sensores y agricultura de precisión.
También aparecen trabajos sobre huella de carbono, sistemas de bajas emisiones, mejoramiento genético, uso de fitosanitarios y vigilancia epidemiológica.
El organismo sostiene además colecciones y programas relacionados con olivos, vides, ajo, cebolla, algodón, arroz, yerba mate, té, forestales y producción ovina.
Según CEPA, la falta de financiamiento podría interrumpir parte de esas líneas de investigación.
La pérdida de conocimiento, uno de los mayores riesgos
El informe también pone el foco en los recursos humanos.
Se estima que el personal sufrió una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40%, algo que dificulta la retención de profesionales especializados.
CEPA advierte que cuando un investigador se retira o abandona una línea de trabajo sin reemplazo puede perderse conocimiento acumulado durante años.
Lo mismo puede ocurrir con colecciones genéticas, bancos de microorganismos o series históricas de datos: una vez interrumpidas, su reconstrucción puede llevar años o incluso décadas.
Qué plantea CEPA hacia adelante
El informe aclara que varios de los escenarios mencionados no constituyen hechos consumados, sino consecuencias posibles derivadas del recorte proyectado.
El impacto definitivo dependerá de la normativa que finalmente se apruebe y de cómo se estructure el financiamiento del organismo.
El diagnóstico de CEPA, sin embargo, es contundente: la eliminación de la fuente específica de recursos podría comprometer no solo el funcionamiento cotidiano del INTA, sino también capacidades técnicas, territoriales y científicas construidas durante décadas.
