La EPE respondió al Concejo de Rafaela: por ahora no cambiará las reglas para dar electricidad a inmuebles usurpados

La posibilidad de impedir que personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan acceder al servicio eléctrico fue motivo de un planteo del Concejo Municipal de Rafaela ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Ahora, después de varios meses, llegó la respuesta oficial de la distribuidora provincial, que analizó la solicitud desde el punto de vista jurídico y dejó en claro que, por el momento, las condiciones para acceder al suministro eléctrico no serán modificadas.

La comunicación, fechada el 3 de noviembre de 2026, fue dirigida a la presidenta del Concejo Municipal, Mabel Fossatti, y constituye la respuesta formal a la Resolución N.º 2868, mediante la cual el cuerpo legislativo había solicitado cambios en el reglamento de la empresa.

Qué había pedido el Concejo Municipal

El planteo surgió a partir de una iniciativa presentada en julio por los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico, del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe.

La propuesta apuntaba a modificar las condiciones bajo las cuales la EPE autoriza conexiones eléctricas en inmuebles que se encuentran ocupados de manera ilegal.

El objetivo era que, cuando existiera una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación presentada por autoridades públicas, la empresa no pudiera habilitar el suministro a quienes ocuparan irregularmente la propiedad.

El proyecto también contemplaba situaciones en las que el servicio ya estuviera conectado. En esos casos, proponía que la distribuidora procediera a interrumpirlo, siempre bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.

Sus autores sostenían que el acceso a la electricidad podía facilitar la permanencia de personas en propiedades usurpadas y que resultaba necesario establecer mecanismos para evitar esa situación.

La EPE explicó quién tiene facultades para modificar sus reglamentos

La respuesta enviada desde Santa Fe introduce una cuestión central: las decisiones sobre las condiciones de prestación del servicio eléctrico corresponden a la propia empresa provincial.

En la nota se explica que la Ley Provincial N.º 10.014 otorga a la EPE competencia para dictar y modificar su normativa reglamentaria.

Por ese motivo, las resoluciones aprobadas por los concejos municipales no generan automáticamente cambios en las disposiciones establecidas por el Directorio de la distribuidora.

En otras palabras, aunque el Concejo de Rafaela pueda formular pedidos y propuestas, no tiene facultades para modificar por sí mismo las condiciones de acceso al servicio eléctrico provincial.

La EPE fundamentó esta posición en las conclusiones de sus áreas legales, que analizaron el planteo antes de que se emitiera la respuesta.

El planteo fue estudiado por dos áreas jurídicas

La comunicación señala que el pedido de Rafaela fue examinado por la Asesoría Legal y Técnica de la Gerencia Comercial, que elaboró un informe el 2 de octubre.

Posteriormente, la Gerencia de Asuntos Jurídicos emitió su dictamen el 22 de octubre.

Ambas intervenciones estuvieron orientadas a determinar el alcance de las competencias de la empresa y las implicancias jurídicas de la modificación solicitada.

El asunto también llegó al Directorio de la EPE, que tomó conocimiento de las actuaciones durante su reunión del 30 de octubre.

Según la respuesta oficial, las autoridades de la distribuidora compartieron los fundamentos expuestos por sus áreas jurídicas y dispusieron que se comunicara formalmente esa posición al Concejo de Rafaela.

La propuesta no fue descartada, pero tampoco aprobada

Uno de los aspectos más importantes de la contestación es que la EPE no anunció una modificación de su reglamento ni estableció una fecha para evaluar cambios concretos.

En el documento, la empresa expresa que la propuesta formulada mediante la Resolución N.º 2868 será considerada oportunamente dentro del marco de sus competencias y de la normativa vigente.

Sin embargo, aclara expresamente que ello no implica modificar el régimen reglamentario que se aplica actualmente.

Esto significa que el planteo del Concejo quedó formalmente respondido, pero no produjo la medida que se había solicitado.

Tampoco se informó un cronograma para una eventual revisión de las condiciones de acceso al suministro en inmuebles denunciados como usurpados.

El problema que había motivado la iniciativa

En los fundamentos del proyecto original, sus autores plantearon su preocupación por las ocupaciones ilegales de viviendas y terrenos en Rafaela.

También cuestionaron la posibilidad de que personas que no fueran propietarias de un inmueble consiguieran una conexión eléctrica mediante documentación presentada ante la distribuidora.

Frente a esa situación, propusieron incorporar requisitos específicos para impedir nuevas conexiones cuando existieran denuncias formales por usurpación impulsadas por autoridades públicas.

La iniciativa pretendía que la empresa recibiera información sobre esas denuncias y que el restablecimiento o la habilitación del servicio quedara sujeto a la regularización de la situación del inmueble.

Qué cambia después de la respuesta provincial

Por ahora, la contestación de la EPE no genera modificaciones para los usuarios ni establece nuevas restricciones al otorgamiento de conexiones eléctricas.

La empresa reconoció haber recibido y analizado el planteo, pero dejó abierta cualquier eventual decisión futura.

El intercambio pone de manifiesto los límites de las facultades municipales frente a una empresa provincial que cuenta con su propio régimen reglamentario.

De esta manera, una iniciativa impulsada desde el Concejo de Rafaela para intervenir sobre una problemática vinculada con las usurpaciones obtuvo una respuesta institucional, aunque sin los cambios concretos que habían solicitado sus impulsores.

La posibilidad de modificar las condiciones del suministro eléctrico en estas situaciones dependerá, en definitiva, de una decisión que adopte la propia Empresa Provincial de la Energía.