Solicitan información por las capacitaciones obligatorias para garantizar los derechos de las personas mayores

La atención que reciben las personas mayores en las dependencias municipales de Rafaela volvió a instalarse en la agenda del Concejo Municipal, a partir de una iniciativa que busca conocer qué avances existen en la implementación de una ordenanza aprobada meses atrás.

La normativa establece la capacitación obligatoria en derechos humanos de las personas mayores para los trabajadores que cumplen funciones de atención al público, tanto en la administración municipal como en el propio cuerpo legislativo.

Sin embargo, ante la proximidad del plazo establecido para poner en marcha esas instancias de formación, surgieron interrogantes sobre la organización del programa, los contenidos que se abordarán y las áreas que estarán alcanzadas.

Una ordenanza aprobada en mayo que debe ponerse en práctica

La Ordenanza N.º 5.664, sancionada durante mayo de 2026, dispone que los agentes municipales y del Concejo Municipal que mantienen contacto directo con el público reciban formación específica sobre los derechos de las personas mayores.

La finalidad es mejorar la atención, promover un trato adecuado y fortalecer el conocimiento de los derechos que corresponden a este sector de la población.

La responsabilidad de organizar las capacitaciones recae en la Secretaría de Desarrollo Humano, que debe elaborar el programa, definir los módulos temáticos, establecer las dependencias involucradas y confeccionar un cronograma.

Piden conocer las fechas, los contenidos y las áreas involucradas

La iniciativa fue presentada por el bloque Juntos Avancemos, mediante una minuta de comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal.

El pedido busca determinar si el plan de capacitación ya se encuentra elaborado y si existe una fecha definida para su puesta en marcha.

También solicita conocer cuáles serán los contenidos mínimos, cuánto durará cada módulo y qué áreas municipales tendrán responsabilidad en el desarrollo del programa.

Otro de los puntos está relacionado con la modalidad de implementación, ya que se pretende establecer si las capacitaciones serán presenciales o virtuales y si incluirán algún mecanismo de evaluación.

La atención en Licencias de Conducir, uno de los puntos que genera interés

Entre los aspectos específicos del pedido de informes aparece el funcionamiento del área de Licencias de Conducir.

Se solicita que el municipio detalle si esa dependencia estará incluida en el programa y, en caso afirmativo, cómo se desarrollará la capacitación de quienes trabajan allí.

La consulta forma parte de una preocupación más amplia sobre la atención que reciben las personas mayores cuando necesitan realizar gestiones en las oficinas municipales

.Persisten reclamos por dificultades para realizar trámites

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que continúan existiendo planteos de vecinos mayores que manifiestan inconvenientes al momento de realizar trámites en dependencias municipales.

Esta situación fue incluida entre los fundamentos del proyecto, que plantea la necesidad de avanzar con las herramientas previstas en la ordenanza.

La capacitación busca que quienes atienden al público cuenten con conocimientos y criterios adecuados para responder a las necesidades de las personas mayores, favoreciendo una atención respetuosa de sus derechos.

Buscan saber si el municipio está en condiciones de comenzar las capacitaciones

El planteo no solicita la creación de una nueva normativa, sino información concreta sobre el cumplimiento de una disposición que ya fue aprobada.

Por eso, el eje está puesto en conocer qué tareas realizó hasta ahora la Secretaría de Desarrollo Humano y cuáles son los pasos previstos para implementar el programa.

La respuesta del Ejecutivo permitirá establecer el estado de preparación de las capacitaciones, las áreas que participarán y los plazos estimados.

En definitiva, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una cuestión vinculada con la vida cotidiana de numerosos vecinos de Rafaela: garantizar que las personas mayores puedan realizar sus trámites y recibir atención en las oficinas públicas con respeto, comprensión y conocimiento de sus derechos.