Giro inesperado en la causa por la falsa requisa: renunció el abogado de la querella y los dos detenidos recuperaron la libertad

La causa judicial que comenzó con la denuncia de una supuesta requisa policial utilizada para extorsionar a una familia de Rafaela tuvo este jueves 12 de noviembre un giro inesperado.

El empleado judicial Eduardo Marcelo Del Favero y el efectivo policial Emmanuel Jeremías Ávila, quienes permanecían detenidos por disposición de la Justicia, recuperaron la libertad después de una nueva audiencia en la que se revisó su situación procesal.

La decisión se conoció en medio de otra novedad importante: el doctor Carlos Farías Demaldé renunció a continuar como abogado de la querella, representación que había ejercido desde las primeras instancias judiciales en nombre de la familia damnificada.

Su apartamiento se produjo por circunstancias que el profesional no hizo públicas, pero que, según la información conocida, habrían generado su disconformidad.

Esta situación modificó el escenario de una investigación que, apenas días atrás, había llevado a la Fiscalía a solicitar y obtener medidas de prisión preventiva para dos de los involucrados.

La renuncia del abogado querellante, un dato central en el nuevo escenario

El alejamiento de Carlos Farías Demaldé constituye uno de los aspectos más llamativos de esta nueva etapa judicial.

El profesional había intervenido activamente en las audiencias anteriores, acompañando la posición de la fiscal Fabiana Andrea Bertero y sosteniendo la acusación desde la representación particular de los damnificados.

Sin embargo, decidió no continuar en ese rol.

Los motivos concretos de su renuncia no fueron ventilados públicamente. Trascendió que determinadas circunstancias habrían provocado el malestar del letrado, aunque no se conocieron precisiones sobre lo sucedido.

Su salida representa un cambio significativo en la posición de la querella, que hasta ese momento había acompañado los planteos para mantener detenidos a los imputados.

No obstante, la renuncia de un abogado particular no implica por sí misma la caída de la acusación fiscal, que continúa bajo responsabilidad del Ministerio Público de la Acusación.

La defensa presentó alternativas para que ambos recuperaran la libertad

Durante la nueva instancia judicial, el abogado defensor Federico Scarinci expuso una serie de medidas destinadas a sustituir la prisión preventiva de sus defendidos.

En el caso de Eduardo Marcelo Del Favero, propuso que estableciera su residencia en la ciudad de Santa Fe, donde permanecería bajo el cuidado y la responsabilidad de un tío.

Como garantía, ofreció una caución personal de 30 millones de pesos.

El planteo también contempló la obligación de concurrir semanalmente a una dependencia policial para acreditar su permanencia a disposición de la Justicia, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante.

Para el efectivo policial Emmanuel Jeremías Ávila, Scarinci presentó una alternativa basada en la permanencia bajo la responsabilidad de su pareja, junto con controles periódicos ante la autoridad correspondiente.

También propuso restricciones para evitar el contacto con las personas denunciantes y el ingreso a Rafaela.

Las medidas fueron presentadas como garantías para que los imputados pudieran continuar sometidos al proceso judicial sin permanecer privados de su libertad.

Finalmente, el juez resolvió conceder la libertad a ambos. Hasta contar con el detalle de la resolución, corresponde distinguir las condiciones ofrecidas por la defensa de aquellas que efectivamente hayan sido impuestas por el magistrado.

Cómo comenzó la investigación por la falsa requisa

El caso se remonta al 15 de octubre, cuando se produjo un episodio en una vivienda de barrio Jardín, sobre calle Vélez Sarsfield al 1300.

Según la denuncia que dio origen a la investigación, dos personas llegaron al domicilio y se presentaron como integrantes de la fuerza policial.

Una de ellas llevaba documentación que aparentaba respaldar una orden judicial para realizar una requisa.

La situación habría sido utilizada para generar un escenario de intimidación que facilitara la posterior intervención de Eduardo Marcelo Del Favero, empleado de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el objetivo era conseguir que familiares de los propietarios reconocieran una supuesta deuda económica y firmaran documentación vinculada con una obligación de entre 30.000 y 35.000 dólares.

La maniobra no llegó a concretarse, motivo por el cual se inició una investigación bajo la calificación de extorsión en grado de tentativa.

Las detenciones y las primeras prisiones preventivas

El 29 de octubre, personal de la Policía de Investigaciones detuvo a Del Favero cuando se retiraba de los Tribunales de Rafaela.

El 2 de noviembre se realizó la audiencia imputativa y cautelar, durante la cual la fiscal Fabiana Andrea Bertero formuló la acusación por extorsión en grado de tentativa.

En aquella oportunidad, el juez José Luis Estévez dispuso que el empleado judicial permaneciera en prisión preventiva durante 30 días.

La Fiscalía contó con el acompañamiento del abogado querellante Carlos Farías Demaldé, mientras que la defensa estuvo a cargo de Federico Scarinci.

La investigación avanzó posteriormente sobre la presunta participación de un integrante de la Policía de Santa Fe que prestaba servicios en el ámbito de los Tribunales.

Se trataba de Emmanuel Jeremías Ávila, cuya identificación estuvo vinculada con tareas investigativas y el análisis de registros de cámaras de seguridad.

El 4 de noviembre fue imputado por su presunta intervención en el procedimiento simulado.

En esa audiencia, el juez Estévez también dispuso 30 días de prisión preventiva para el efectivo policial.

De esta manera, la causa llegó a tener dos personas detenidas mientras se avanzaba en la reconstrucción del episodio.

Una tercera imputada que ya se encontraba en libertad

El 6 de noviembre se produjo otro avance cuando una mujer de 32 años, identificada por sus iniciales M. G. A., se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público de la Acusación.

Lo hizo acompañada por su abogado defensor, José María Silvela.

La mujer fue imputada por extorsión en grado de tentativa en calidad de partícipe secundaria, por su presunta intervención en la maniobra que se investiga.

Durante su presentación puso a disposición de los investigadores su teléfono celular y quedó vinculada al proceso, aunque sin una medida de detención.

Por lo tanto, su situación era diferente de la de Del Favero y Ávila, quienes continuaban privados de su libertad hasta la resolución conocida este jueves.

De dos prisiones preventivas a una nueva situación judicial

La audiencia del 12 de noviembre modificó considerablemente el panorama que había quedado establecido durante los primeros días del mes.

En menos de dos semanas, la investigación pasó de la detención del empleado judicial y el efectivo policial a una decisión que les permite afrontar el proceso en libertad.

En ese período también se produjo la presentación de la tercera imputada y, finalmente, la renuncia del abogado que representaba a la familia denunciante.

Este último acontecimiento introduce un interrogante sobre la continuidad de la representación particular de los damnificados y el desarrollo de las próximas instancias judiciales.

Sin embargo, para determinar si la acusación perdió sustento o si cambiaron los riesgos procesales considerados inicialmente, será necesario conocer los fundamentos concretos de la nueva resolución.

La libertad no significa que la causa esté cerrada

La decisión de permitir que Del Favero y Ávila recuperen la libertad no equivale a una absolución ni significa que hayan quedado desvinculados de la investigación.

Ambos continúan imputados por los hechos que se les atribuyen, mientras que la Fiscalía deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.

La salida del doctor Farías Demaldé tampoco supone automáticamente la finalización de la causa, aunque constituye un acontecimiento relevante por el papel que había desempeñado desde el inicio.

Lo ocurrido este jueves marca, de todos modos, un cambio sustancial en una investigación que generó una fuerte repercusión en Rafaela, especialmente por la participación de personas vinculadas con el ámbito judicial y policial.

Una causa que comenzó con una denuncia por una presunta extorsión de hasta 35.000 dólares y avanzó rápidamente hacia dos detenciones atraviesa ahora una etapa diferente, con los principales imputados en libertad y nuevos interrogantes sobre su continuidad judicial.