La APRAD secuestró bienes del caso Spaggiari en Ripamonti y Francia. En una operación sin precedentes, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) ha logrado el secuestro de bienes relacionados con el caso Spaggiari en los galpones de Ripamonti y Francia.

Recordamos que, la familia Spaggiari está imputada por estafa se encuentra con medidas cautelares.

La investigación del caso Spaggiari da un nuevo paso hacia la justicia, con el secuestro de bienes valuados en más de 100 millones de pesos. La familia Spaggiari, imputada por 408 hechos de estafa presuntamente cometidos, enfrenta ahora importantes restricciones y medidas cautelares.

La Justicia determinó la prisión preventiva para Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari, extendiéndose por el tiempo de tramitación del proceso. Además, Mirta Ofelia Condotto tiene prisión preventiva domiciliaria bajo las mismas condiciones procesales.

Entre las resoluciones tomadas, se ha dispuesto la inhibición general de bienes respecto a los imputados Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari, así como también de las firmas "Grupo Spaggiari SRL", "QS Open aberturas SRL" y "GS BLOCK SRL". Estas medidas alcanzan la suma de $234.385.019 cada una, más el 50% estimado provisionalmente para intereses y costas del proceso.

Asimismo, se ha decretado la inhibición general de bienes para los imputados Mirta Ofelia Condotto, Germán Darío Garetto, Myriam Marcela Bravo, Carolina Rocío Schaberger, Gabriel Lorenzo Ulman y Cristian Ezequiel Clemenz. En este caso, la suma alcanza los $33.483.574 cada uno, más el 50% estimado provisionalmente para intereses y costas del proceso.

Estas medidas cautelares buscan asegurar el resarcimiento económico a las víctimas y prevenir la dilapidación de los activos obtenidos de manera ilícita. La Justicia continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para fortalecer el caso y garantizar un juicio justo.

La familia Spaggiari enfrenta un importante proceso legal que busca esclarecer los hechos de estafa y asegurar que se haga justicia. Las autoridades judiciales y de seguridad han dejado en claro su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos de las víctimas.

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