La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado en ese entonces la entrada de una nueva ley sobre la imputabilidad al Congreso, declarando que “delito de adulto, pena de adulto”. Sin embargo, el tema quedó en manos del Ministerio de Justicia, donde inicialmente se propuso bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora, el ministro Cúneo Libarona indicó que podrían ser más severos, proponiendo 13 años como la nueva edad de imputabilidad.

En declaraciones a LU12 Radio Río Gallegos, Cúneo Libarona explicó que esta decisión se basa en recientes incidentes que involucraron a chicos de 13 años. “Estamos delineando las pautas finales”, afirmó el ministro, destacando la implicación personal y la idoneidad de la ministra Bullrich en el proceso. Añadió que los informes estadísticos y la legislación mundial también influyeron en este debate.

Antecedentes y proyectos vigentes

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad no es nueva y ha sido objeto de múltiples proyectos legislativos en ambas cámaras. En noviembre de 2021, el actual ministro de Defensa, Luis Petri, presentó un proyecto que establecía la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 14 años. Sin embargo, este y otros proyectos similares no avanzaron en el Congreso.

En la actualidad, hay varios proyectos en el Congreso para modificar la edad de imputabilidad. El más reciente es del diputado Álvaro Martínez de La Libertad Avanza, que propone sanciones para menores desde los 12 años. Otros proyectos han sido presentados por diputados como Ramiro Gutiérrez, Agustina Propato, Diego Santilli, Carolina Piparo, Ricardo López Murphy, y Cristian Ritondo, abarcando edades de imputabilidad desde los 14 años.

La baja de la edad de imputabilidad ha sido un objetivo inconcluso para gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Macri, que en 2019 intentó modificar la legislación para que los menores de 15 años fueran imputables por delitos graves.

El debate sobre este tema sigue siendo candente, con argumentos a favor y en contra de la necesidad de adaptar las leyes para abordar la criminalidad juvenil.