El coeficiente de Gini es el indicador clásico que se usa para medir la distribución del ingreso, con valores que van desde 0 (máxima igualdad) hasta 1 (máxima desigualdad). En Argentina, la máxima desigualdad reportada por el INDEC se dio en 2003, luego de la megadevaluación del 2002, con un Gini de 0,53. A partir de ahí, la bonanza internacional permitió mejorar la distribución del ingreso, reduciendo el Gini a 0,43 en 2011. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, el INDEC reportó un aumento preocupante de la desigualdad, con el Gini subiendo a 0,47, el mayor incremento trimestral en los últimos 30 años.

La inflación entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024 fue del 63%. Los ingresos de los hogares de clase media (20% de mayores ingresos) aumentaron en un 63%, manteniéndose al ritmo de la inflación. Sin embargo, los ingresos de los hogares de clase media baja (40% del segmento medio) crecieron un 44%, lo que resultó en una pérdida real del 12%, y los ingresos de los hogares pobres o cercanos a la pobreza (40% de menores ingresos) crecieron solo un 37%, implicando una pérdida real del 16%. Esta disparidad muestra que los hogares de menores ingresos tuvieron menor capacidad de defensa frente a la inflación, mientras que los ingresos de los hogares de clase media lograron adaptarse mejor a la situación económica.

El sistema tributario argentino no contribuye adecuadamente a mejorar la distribución del ingreso. Un ejemplo claro es el de los asalariados de altos ingresos, que, debido a la reforma de septiembre de 2023, solo empiezan a pagar el impuesto a las ganancias a partir de los 15 salarios mínimos ($3,5 millones). Esto contrasta con la carga tributaria sobre quienes ganan un salario mínimo, que sufren un descuento del 17%, mientras que aquellos con 15 salarios mínimos solo tienen un descuento del 11%. Esta situación también afecta a más de 100 mil jubilados que perciben ingresos superiores al tope jubilatorio ($1,4 millones) y tampoco pagan el impuesto a las ganancias.

A diferencia de los países desarrollados, donde los impuestos a los ingresos financian servicios públicos de calidad en educación, salud, seguridad y transporte, en Argentina las familias de ingresos medios deben asignar una parte importante de su presupuesto a servicios privados, justificando en parte la reticencia a pagar impuestos altos. Esta actitud egoísta impone mayores sacrificios a la población más vulnerable. La solución radica en simplificar y unificar los impuestos, fortaleciendo el impuesto sobre los ingresos y adoptando el principio de correspondencia fiscal, permitiendo que las provincias y municipios reciban impuestos directamente del contribuyente, mejorando así la rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos.