
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Lo decidió la Jueza Cristina Fortunato a solicitud del fiscal Guillermo Loyola.
Judiciales17/07/2024Archivo Internet
En una audiencia celebrada hoy, la jueza Cristina Beatriz Fortunato ordenó la prisión preventiva para Miguel Alberto O., acusado de formar parte de un grupo que cometía estafas contra la empresa "Las Taperitas". La audiencia comenzó a las 09:00, con la participación del fiscal Guillermo Nicolás Loyola, la defensora oficial Georgina Carla Allasia y el representante de la querella, Carlos Farías Demalde.
El fiscal Loyola presentó su solicitud de prisión preventiva, argumentando que Miguel Alberto O. y sus cómplices actuaron en conjunto para cometer estafas, perjudicando significativamente a "Las Taperitas". Loyola subrayó que la modalidad delictiva y el número de personas implicadas justifican una pena efectiva, y no una condicional.
Carlos Farías Demalde, en representación de la querella, coincidió con el fiscal en que el caso amerita una prisión preventiva debido a la gravedad del delito y la falta de arraigo del imputado.
Por su parte, la defensora Georgina Carla Allasia argumentó que no se reúnen los elementos para una prisión preventiva, señalando que no hay disposición patrimonial del imputado y cuestionando la evidencia de su participación en los hechos. Allasia propuso medidas alternativas a la prisión, incluyendo la fijación de domicilio y la obligación de firmar semanalmente en una comisaría.
Tras escuchar a las partes, la jueza Fortunato consideró que la evidencia presentada por la fiscalía es suficiente para vincular a Miguel Alberto O. con el grupo delictivo. Además, destacó los riesgos procesales debido a la complejidad y modalidad del delito, incluyendo el uso de documentos falsos y nombres ficticios.
La jueza concluyó que, debido a la gravedad del perjuicio ocasionado y la participación activa de Miguel Alberto O. en la estafa, es necesario imponer la prisión preventiva
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Tres policías que se desempeñaban en la Alcaidía de Rafaela fueron imputados por graves delitos de corrupción institucional. La Fiscalía los acusa de solicitar dinero a internos a cambio de beneficios indebidos, encubrir pruebas y facilitar el uso de celulares dentro del penal.
Se trata de David Nicolás González, de 27 años, quien cometió el ilícito en su casa. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Rafaela. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, quien destacó que “el hombre se aprovechó de la confianza que tenía con la víctima y actuó de forma sorpresiva”.
La Justicia solicitó 120 días de prisión preventiva para los principales acusados en la causa por delitos económicos. Además, se les prohibió cualquier injerencia en las empresas del grupo y se impusieron millonarias cauciones.
Tras la detención de cuatro exdirectivos, la Fiscalía sostiene que continuarán manejando la empresa y afectando su patrimonio. La audiencia sigue este viernes.
Nuevas revelaciones surgieron en una investigación judicial que ya tiene a una escribana, un abogado, otro escribano y un ingeniero bajo la lupa. En paralelo, un empresario del rubro eléctrico podría ser denunciado por otro hecho similar, aunque independiente del primero.
Claudia Ludmila C. fue beneficiada con una morigeración de su prisión preventiva domiciliaria, que le permitirá ausentarse de su hogar durante algunas horas para trabajar. La medida fue adoptada por el juez Gustavo Bumaguin tras una audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial N° 5.
En el marco de una denuncia presentada a principios de enero de este año, al menos cuatro profesionales reconocidos de la ciudad de Rafaela están siendo investigados por su posible involucramiento en un delito de estafa relacionado con la venta de un inmueble.
El gremio advierte que la falta de representantes sindicales afecta el funcionamiento institucional del organismo
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Un camión volcó en la banquina tras colisionar lateralmente con un auto en la Ruta 34, a la altura de Arrufó. No hubo heridos ni se interrumpió el tránsito.
Un proyecto de ordenanza fue ingresado recientemente al Concejo Municipal de Rafaela con el objetivo de autorizar al Departamento Ejecutivo a modificar el contrato de cesión de uso de un predio otorgado al Club Atlético 9 de Julio en el año 2016.
El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.