El Senado aprobó la ley que extiende el Registro Nacional de Datos Genéticos, antes limitado a delitos sexuales, a crímenes de diversa índole. El objetivo es fortalecer las investigaciones judiciales, aunque la medida trae consigo desafíos en cuanto a protección de datos y privacidad.
Nacionales28/09/2024
Redacción
La reciente sanción del Senado nacional amplió el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos para incluir delitos más allá de los crímenes sexuales. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, permite que las muestras de ADN sean utilizadas en la investigación de cualquier delito, no solo de aquellos relacionados con la integridad sexual, como estipulaba la ley original. A partir de ahora, las autoridades podrán recolectar perfiles genéticos de individuos imputados y procesados, así como de condenados, abriendo nuevas posibilidades en la resolución de casos judiciales.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la inclusión del ADN de contacto, una herramienta que permite identificar a los autores de delitos mediante huellas genéticas mínimas, como las obtenidas por el simple contacto físico con superficies. Esta ampliación supone un avance significativo para las investigaciones penales, ya que no se necesitarán muestras biológicas tradicionales (sangre, semen o saliva) para obtener el perfil genético del sospechoso.
A pesar del apoyo que recibió esta ley, uno de los puntos que generó debate fue la permanencia del Registro bajo la órbita del Ministerio de Justicia, en lugar de pasar al Ministerio de Seguridad, como propuso inicialmente Patricia Bullrich. Durante el debate, la senadora Carolina Losada destacó la importancia de esta medida para combatir la inseguridad y lograr que los delincuentes enfrenten las consecuencias de sus actos, remarcando que "no debería haber grietas" en el apoyo a esta herramienta.
La experiencia de Mendoza, pionera en el uso de registros genéticos para crímenes diversos, ha sido clave en la promoción de esta ley. El banco de huellas genéticas de esa provincia ha permitido resolver más de 500 delitos desde su creación, consolidándose como el más grande de América Latina. En Santa Fe, ya se trabaja en un proyecto similar para la creación de un registro provincial, con el fin de aportar más herramientas a la justicia en la lucha contra el crimen organizado.
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