Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Puig solicitó la prisión preventiva del acusado, argumentando que existen pruebas que vinculan a Molina con el delito y que los antecedentes podrían justificar su detención. Sin embargo, la defensa, a cargo del abogado Carlos Luis Farías Demalde, solicitó la libertad de su cliente, señalando que no existen elementos suficientes para sostener la autoridad del delito. La defensa destacó además que Molina cuenta con arraigo, tiene un empleo estable, una familia compuesta por su pareja y tres hijas menores de edad, y que el arma en cuestión había sido secuestrada.

Finalmente, el juez resolvió otorgar la libertad bajo las siguientes medidas alternativas:

1.    Fijar domicilio en la ciudad de Rafaela.
2.    Obligación de estar bajo el cuidado de una persona de confianza.
3.    Presentarse semanalmente en la comisaría de su jurisdicción.
4.    Prohibición de contacto con los testigos del caso.
5.    Prohibición de poseer o portar armas de fuego.
6.    Prohibición de salir del país.
7.    Fianza de un millón de pesos, que deberá cumplirse en un plazo de 15 días.

Con esta resolución, Molina recupera su libertad, aunque deberá cumplir estrictamente con las condiciones fijadas para evitar nuevas medidas cautelares.