Redacción
La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad, quienes destacaron la importante participación en un contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tras recientes eventos en la provincia.
Las inscripciones abarcan diversas posiciones en la judicatura, incluyendo jueces, fiscales y defensores, que serán evaluados por jurados compuestos por magistrados, académicos y abogados, con un número de inscriptos que refleja la media histórica, según información voceros de la cartera liderada por Pablo Cococcioni.
Entre los postulantes, 696 aspiran a cargos en el fuero penal y 342 en otros fueros. Los concursos de jueces en el fuero penal se centran en cubrir puestos de primera y segunda instancia, así como en el ámbito de la defensa pública.
De los tres concursos cuyo plazo de inscripción finalizó este viernes, la resolución 024 busca cubrir cargos de jueces en diferentes distritos penales; la 025, dos jueces de segunda instancia para Rosario; y la 026, jueces de menores en varias localidades, de cara a la implementación del nuevo Código Penal el próximo año. En total, 69 abogados se inscribieron para jueces de menores, 115 para jueces penales de primera instancia y 72 para camaristas, mientras que 258 competirán por cargos de fiscales y 182 para defensores.
En los fueros no penales, los inscriptos se distribuyen entre los concursos de magistrados en Familia, Circuito, Civil y Comercial, Laboral y fueros plenos, con un total de 342 postulantes. El proceso de selección contempla diversas etapas, como la revisión de antecedentes y las pruebas de oposición, las cuales se llevarán a cabo en las próximas semanas. La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, encargada de aprobar los nombramientos, realizará entrevistas y evaluará observaciones a los candidatos antes de que el gobernador Maximiliano Pullaro reciba el listado final de postulantes aprobados.
Este proceso de designación busca garantizar transparencia en la selección de jueces y funcionarios judiciales, promoviendo una mínima injerencia del Poder Ejecutivo en la evaluación de los aspirantes a través de la estructura de jurados rotativos para cada concurso.
