El abogado Andrés Chiappero explicó que el máximo tribunal decidió que sea la actual integración la que resuelva los amparos presentados por jubilados, un paso clave que podría derivar en la inconstitucionalidad de la ley sancionada en 2024.
La víctima fue engañada con un llamado falso y terminó sufriendo débitos automáticos no autorizados tras una maniobra que incluyó la gestión de un crédito.