En una acción conjunta, las conducciones de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores presentaron una solicitud judicial para que el PAMI restablezca la cobertura del 100 % en medicamentos y tratamientos para jubilados y pensionados afiliados.
Nacionales09/01/2025
Redacción
La presentación incluye un pedido de declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones que limitaron estos beneficios.
Detalles de la acción judicial
*Medida cautelar de "no innovar": Se solicita que el PAMI mantenga las condiciones previas al ajuste en las prestaciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
*Resoluciones cuestionadas: La demanda busca la nulidad de las normativas contenidas en las Resoluciones 2024-2431 del INSSJP, argumentando que vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos al limitar el acceso a la salud.
*Juzgado interviniente: El caso se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, con pedido de habilitación de feria judicial para tratar la urgencia del tema.
Declaraciones de las centrales obreras
En un comunicado conjunto, los secretarios generales Hugo Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de las y los Trabajadores) destacaron:
"Se está vulnerando el derecho a la vida y a la salud de miles de jubilados y pensionados, derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales".
Las organizaciones señalaron que el ajuste impacta de forma directa en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, generando un retroceso en materia de derechos adquiridos.
Medida cautelar urgente
El reclamo pide que se resguarde provisionalmente la salud de los afiliados manteniendo las prestaciones previas a las resoluciones impugnadas. Esto busca garantizar el acceso inmediato a los medicamentos gratuitos mientras avanza el proceso judicial.
Contexto del ajuste
El recorte en las coberturas del PAMI ha generado un amplio rechazo por parte de jubilados, pensionados y gremios, quienes consideran que las medidas adoptadas por el instituto representan un grave retroceso en el acceso a la salud.
La decisión de los gremios de acudir a la justicia pone de manifiesto la urgencia y sensibilidad del tema, con implicancias directas en la calidad de vida de miles de afiliados.
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