
Con la movilidad ajustada por inflación, los ingresos vuelven a modificarse y se mantiene el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.
El gobierno nacional analiza un nuevo esquema para la distribución de subsidios a la energía mayorista, que apunta a beneficiarios exclusivamente a los hogares más pobres y excluir gradualmente a aquellos con capacidad de pago.
Economía14/01/2025Este enfoque busca reemplazar la actual "Segmentación de la Demanda", vigente desde la gestión de Alberto Fernández, por un sistema más simple basado en la línea de pobreza definida por el Indec.
De la "Canasta Energética" a la línea de pobreza
La propuesta inicial de implementar una "canasta energética", que consideró factores como la situación económica, social y climática de los hogares, fue desechada en octubre de 2024. En su lugar, la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, propuso que los Los subsidios se alinean con los parámetros de pobreza establecidos por el Indec, que evalúan la capacidad de los hogares para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.
En este esquema, solo el 40% de la demanda energética recibiría subsidios estatales, en contraste con el sistema actual, en el que dos de cada tres familias cuentan con alguna ayuda para pagar sus facturas.
¿Qué cambia para la clase media?
El nuevo modelo plantea la eliminación de la segmentación actual que clasifica a los usuarios residenciales en tres niveles:
• Nivel 1 (N1): Hogares de altos ingresos, con pocos o ningún subsidio.
• Nivel 2 (N2): Hogares de bajos ingresos, con subsidios altos.
• Nivel 3 (N3): Clase media, con ayudas moderadas.
Con los ajustes previstos para fines de 2025, solo los hogares más vulnerables seguirán recibiendo subsidios. Esto implica que una gran parte de los usuarios de ingresos medios podrían quedar fuera de las tarifas sociales, enfrentando el costo completo de los servicios de gas y electricidad.
Reducción de subsidios: un balance
La gestión actual ha logrado reducir en un 38% los subsidios energéticos en términos reales, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-Conicet). Este recorte se debe principalmente al aumento de tarifas para los usuarios de mayores ingresos (N1) y, en menor medida, a ajustes en los niveles N3 y N2.
Desafíos legales y sociales
El gobierno deberá enfrentar posibles resistencias sociales, similares a las que frenaron los intentos de ajuste durante la gestión de Mauricio Macri. Además, un fallo previo de la Corte Suprema podría ser clave en los próximos debates, ya que establece que las tarifas deben respetar principios como la razonabilidad, la gradualidad y la accesibilidad universal.
Conclusión
El nuevo esquema propuesto apunta a redefinir la política de subsidios energéticos, priorizando a los sectores más vulnerables y reduciendo el alcance de las ayudas para la clase media. Sin embargo, este cambio plantea desafíos sociales y legales que podrían complicar su implementación. Los próximos meses serán clave para observar el impacto de esta política en la economía de los hogares y en el panorama energético nacional.
Con la movilidad ajustada por inflación, los ingresos vuelven a modificarse y se mantiene el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.
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El Gobierno nacional aplicará la actualización por inflación y mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.
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