Redacción
Esta acción forma parte de un plan integral que tiene como objetivo reducir la cantidad de bienes secuestrados y almacenados en depósitos judiciales, los cuales en su mayoría ocupaban espacios en comisarías y otros predios provinciales.
El Ministerio de Gobierno e Innovación, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), informó que entre los vehículos compactados se incluyen 2.735 automóviles, 9.560 motocicletas y 5.136 toneladas de chatarra. El proceso de compactación se llevó a cabo en siete depósitos de distintas localidades de la provincia, incluyendo Rosario, Venado Tuerto y Santa Fe, entre otras.
Según Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, el objetivo principal de estas tareas es ordenar los depósitos y liberar los espacios ocupados por vehículos y objetos de valor nulo. "Lo que no tenga valor probatorio ni económico, lo vamos a compactar para evitar que estos depósitos queden en una situación de total abandono", explicó el funcionario. Además, destacó el impacto positivo de este proceso en el trabajo policial, permitiendo que los efectivos se concentren en tareas de seguridad, en lugar de ocuparse de la custodia de vehículos y objetos.
El trabajo de compactación se realiza luego de un exhaustivo relevamiento que determina el estado de los vehículos y qué acciones se deben tomar con ellos. Algunos vehículos se subastan, otros son reparados o desguazados para reacondicionar móviles destinados a seguridad, salud o desarrollo. Los bienes en buen estado también pueden ser donados a instituciones, como escuelas, para su reutilización.
Impacto en el Ordenamiento de Depósitos Judiciales
El proceso de reordenamiento de los depósitos judiciales también incluyó la retirada de vehículos y objetos en comisarías y dependencias policiales de varias localidades. En total, se retiraron 2.227 vehículos, 461 bicicletas y 200 placas de cementerio robadas.
La Agencia Aprad es responsable de gestionar todos los bienes secuestrados en causas judiciales relacionadas con delitos o contravenciones. Estos bienes son utilizados con fines sociales, como la entrega a instituciones educativas, penitenciarias y de salud, o bien, se rematan o compactan si ya no tienen utilidad.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Santa Fe no solo busca optimizar la gestión de los bienes secuestrados, sino también mejorar la seguridad y la eficiencia de las fuerzas policiales, mientras se contribuye al ordenamiento del Estado y se garantiza un uso más eficiente de los recursos.
