El peronismo local se opone al traslado de la alcaidía, a pesar de haber impulsado el proyecto en el pasado. Mientras exigen mayor seguridad y detenciones, rechazan la infraestructura necesaria para alojar a los presos, dejando en evidencia una postura contradictoria que responde más a intereses políticos que a una verdadera preocupación por los rafaelinos.
Locales30/01/2025
Redacción
En Rafaela, el debate sobre el traslado de la alcaidía dejó en evidencia una contradicción difícil de justificar: se exige mayor seguridad y más detenciones, pero al mismo tiempo se rechaza la construcción de un lugar adecuado para alojar a los detenidos. Quienes antes impulsaron este proyecto, ahora lo boicotean con argumentos débiles, evidenciando que la discusión se ha convertido en un juego político, más que en una decisión basada en la realidad de la ciudad.
La situación actual es insostenible. La alcaidía sigue funcionando en pleno centro de Rafaela, en condiciones riesgosas tanto para los efectivos policiales como para la comunidad. No es una cuestión de opiniones, sino de hechos: el hacinamiento en comisarías afecta la operatividad de la policía y desvía recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito. Si se pretende combatir la inseguridad, es indispensable contar con un espacio adecuado para alojar a quienes cometen delitos.
El terreno destinado a la nueva alcaidía está estratégicamente ubicado, sin afectar zonas de desarrollo urbano. Se trata de una solución concreta a un problema real, pero parece que algunos prefieren la crítica vacía antes de aportar soluciones.
No se puede exigir más seguridad y, al mismo tiempo, oponerse a la infraestructura necesaria para hacerla efectiva. Esta falta de coherencia solo deja en claro que la negativa no responde a razones técnicas ni urbanísticas, sino a un oportunismo político que perjudica a todos los rafaelinos.
Es momento de asumir responsabilidades y dejar de lado intereses partidistas. Rafaela necesita respuestas, no discursos contradictorios.
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El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público de la Acusación de Rafaela y permitió secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y un sello profesional apócrifo utilizado para engañar a las víctimas.
