El juez Gustavo Bumaguin resolvió la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento probatorio y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Judiciales02/04/2025
Redacción
En el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela, el juez Gustavo Javier Bumaguin dispuso este martes la prisión preventiva de tres funcionarios policiales: Norberto Daniel Núñez, Alejandro Adolfo Farías y Cristian Pablo Montiel.
La audiencia se desarrolló en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial y fue impulsada por la fiscal Fabiana Andrea Bertero, quien detalló al menos cuatro hechos en los que los imputados habrían incurrido en abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los hechos atribuidos se destaca el supuesto pedido de un millón de pesos a un interno para evitar su traslado, la omisión en el registro de secuestros de celulares, televisores y estupefacientes, así como el uso no autorizado de dispositivos dentro de los pabellones. La fiscal también mencionó entrevistas realizadas a personal de la Alcaidía que confirmarían los hechos denunciados.
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Una defensa enérgica y detallada
Durante la audiencia, el abogado defensor Carlos Luis Farías Demalde rechazó los cargos y cuestionó duramente el pedido de prisión preventiva. Afirmó que la medida solicitada por el Ministerio Público era “desproporcionada, desmedida y exagerada”, y argumentó que la fiscalía no logró acreditar ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 220 del Código Procesal Penal, ni siquiera en su inciso 1, que exige probabilidad de autoría.
El abogado sostuvo que toda la acusación contra Núñez por exacciones ilegales se basaba exclusivamente en la declaración de un único interno —L. B.—, sin contrastes ni entrevistas a otros detenidos, lo cual, según indicó, restaba objetividad y solidez al relato. También cuestionó la credibilidad de L. B. por estar condenado por abuso sexual y haber tenido conflictos previos con Núñez, incluyendo una relación sentimental con una agente de la Alcaidía y antecedentes de haber enseñado taekwondo al hijo del imputado.
Respecto a otras acusaciones, como permitir el uso de celulares o el supuesto encubrimiento de un hecho delictivo vinculado a otra causa, Farías Demalde afirmó que “no se tomaron entrevistas a los internos mencionados, ni se produjo la mínima prueba necesaria para sostener los hechos”, y advirtió sobre el uso de “meras conjeturas y evidencias endebles”.
También planteó que los delitos imputados, en caso de una condena, tendrían penas bajas y de cumplimiento condicional, y destacó que sus defendidos carecen de antecedentes penales, tienen arraigo familiar y laboral y se presentaron voluntariamente ante la justicia. Por ello, ofreció medidas alternativas a la prisión, como fijación de domicilio fuera de Rafaela, presentación periódica, prohibición de contacto con testigos y una caución personal de 5 millones de pesos por cada imputado.
“Está en juego la libertad de tres padres de familia con legajos intachables, no se puede avanzar hacia una prisión con este nivel de fragilidad probatoria”, remarcó en su alegato final.
Resolución Judicial
No obstante, el juez Gustavo Bumaguin entendió que existen riesgos procesales concretos, como el posible entorpecimiento de la investigación, la coacción a testigos y la gravedad de los delitos imputados, cuyas penas podrían ser de cumplimiento efectivo.
Como resultado, resolvió dictar prisión preventiva sin plazo para Norberto Núñez, y por 60 días para Farías y Montiel. El caso sigue bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.
El acusado quedó detenido luego de una audiencia clave en los tribunales locales. La Fiscalía sostuvo que intentó esconder un arma, intimidó a vecinos y estaba bajo medidas judiciales previas. La defensa pidió su libertad, pero el juez entendió que existe riesgo procesal.
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