¿Pedir dinero a internos? ¿Permitir celulares? ¿Ocultar pruebas? De esto se acusa a tres policías de la Alcaidía de Rafaela

Tres agentes de la Policía de Santa Fe fueron imputados en los Tribunales de Rafaela por una serie de hechos graves que habrían ocurrido dentro de la Alcaidía de la Unidad Regional V. La audiencia, realizada el 1º de abril, fue encabezada por el fiscal Guillermo Loyola, titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia y Corrupción Institucional. El juez interviniente fue el Dr. Javier Bottero, y los imputados fueron asistidos por el reconocido abogado penalista Farías Demalde.

Los acusados son Norberto N., quien ejercía como jefe de la Alcaidía, y los funcionarios Cristian M. y Alejandro F. De acuerdo a la imputación, se les atribuyen delitos como exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad y encubrimiento, en el marco de una investigación que expone un patrón de corrupción institucional dentro del sistema penitenciario local.

Entre los hechos detallados, se acusa a Norberto N. de haber solicitado hasta un millón de pesos a internos para evitar su traslado o garantizar mejores condiciones de detención. También habría permitido de forma sistemática el uso de teléfonos celulares dentro de la Alcaidía, incluso entregando a los internos un dispositivo previamente secuestrado sin registrar su reintegro. En uno de los episodios más graves, habría ordenado retirar un celular que iba a ser secuestrado en una requisa judicial, con el fin de evitar que fuera utilizado como prueba en una causa penal.

Por su parte, Cristian M. y Alejandro F. habrían exigido 100.000 pesos a internos del pabellón 3 a cambio de entregarles un celular y avisarles anticipadamente sobre las requisas para que pudieran ocultarlo, todo con conocimiento del jefe de la dependencia.

La investigación incluye una importante cantidad de pruebas: actas de secuestro de teléfonos, registros fotográficos, entrevistas, libros de guardia, informes de conexión a redes wifi, e incluso el hallazgo de sustancias prohibidas. Según el fiscal Loyola, se trata de un entramado de prácticas ilegales que afectaron directamente el funcionamiento de la Alcaidía y vulneraron los principios básicos del sistema de justicia.

El caso sigue bajo análisis judicial, mientras se evalúa el dictado de medidas cautelares y continúa la recolección de pruebas. Los tres imputados permanecerán vinculados al proceso mientras avanza la causa.