El máximo tribunal dejó firme las sentencias por lavado de dinero agravado contra Lázaro Báez, sus hijos y otros implicados. La maniobra involucró casi 55 millones de dólares de origen ilícito.
Judiciales30/05/2025
Redacción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una serie de recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Lázaro y Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y otros condenados en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. Con esta resolución, las condenas por lavado de activos agravado quedaron firmes.
La investigación judicial determinó que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, funcionó una organización que lavó USD 54.872.866,69 provenientes de sobreprecios en la obra pública y evasión tributaria, principalmente a través de la empresa Austral Construcciones S.A. y la financiera SGI. El entramado incluyó transferencias millonarias dentro y fuera del país mediante un complejo esquema de sociedades.
En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 4 había impuesto penas de hasta 12 años de prisión. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas, aunque con algunas reducciones:
Lázaro Báez: 10 años de prisión
Martín Báez: 6 años y 6 meses
Daniel Pérez Gadín: 6 años
Jorge Chueco: 6 años
Julio Mendoza: 5 años
También fueron condenados con penas de entre 3 y 6 años otras figuras como Fabián Rossi, Federico Elaskar, Carlos Molinari, Leandro Báez, César Fernández, Walter Zanzot, Juan De Rasis, Martín Eraso, Claudio Bustos, entre otros.
Las defensas apelaron a la Corte, pero este 27 de mayo, el máximo tribunal —con votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Ramón González y Mariano Lozano— rechazó todos los planteos, consolidando la firmeza de las condenas. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, aunque sólo pidió que se le diera intervención al Procurador General, sin pronunciarse sobre el fondo.
El fallo implica un nuevo cierre judicial para una de las causas más emblemáticas de lavado de dinero de las últimas décadas, dejando a firme las penas por maniobras que intentaron ocultar el origen ilícito de millones de dólares mediante ingeniería financiera y sociedades offshore.
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