Tres fiscales adjuntas subrogantes fueron designadas para actuar en causas penales de menores en Rafaela y la región. También se confirmó la nueva defensora zonal para niñas, niños y adolescentes.
Judiciales14/06/2025
Redacción
En el marco de una histórica reforma judicial en Santa Fe, que deja atrás el viejo sistema inquisitivo en materia penal juvenil, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana los pliegos de fiscales que actuarán en causas donde estén involucrados adolescentes en conflicto con la ley. Rafaela ya tiene designados a quienes serán los nuevos fiscales especializados en este fuero.
Se trata de María Cecilia Doro, Carina Andrea Gerbaldo y Susana Guillermina Vega, quienes fueron confirmadas como fiscales adjuntas subrogantes para la Circunscripción Judicial N° 5, que abarca Rafaela y buena parte del centro-oeste provincial. Ellas serán quienes, a partir de ahora, llevarán adelante las investigaciones penales juveniles, según lo establece la Ley 14.228, que entrará plenamente en vigencia en los próximos meses.
La norma obliga a que los actuales secretarios de juzgados de Menores pasen a desempeñarse como fiscales dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), marcando un cambio de paradigma: desde ahora, los jueces dejarán de investigar y solo juzgarán, como ya sucede en la justicia penal de adultos.
Durante la misma sesión legislativa también se designó a Estefanía Gariboldi como defensora zonal de Niñas, Niños y Adolescentes, figura clave que actuará en la región para garantizar el acompañamiento y la defensa técnica de menores involucrados en causas judiciales o situaciones de vulnerabilidad.
La designación de estos nombres no estuvo exenta de debate. Cuatro de los trece postulados originalmente manifestaron su voluntad de no asumir el cargo de fiscales, y sus pliegos fueron rechazados por unanimidad, una situación inédita en la Legislatura santafesina.
Con la aprobación de estos pliegos, Rafaela y su región ya cuentan con los nuevos actores judiciales que formarán parte del sistema penal juvenil reformado, en una transición que apunta a mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la especialización y garantizar un trato adecuado y diferenciado a adolescentes involucrados en procesos penales.
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