Redacción
El eje central estuvo puesto en profundizar la autonomía de los municipios, habilitando a los de más de 10 mil habitantes a dictar sus propias cartas orgánicas, con facultades para definir estructura institucional, mecanismos de democracia directa, control de la administración y articulación con la Provincia. Aunque el texto aprobado fue calificado por algunos constituyentes como “conservador”, la mayoría coincidió en que se trata de un paso histórico para actualizar un derecho que ya reconocía la Constitución Nacional desde 1994.
Otro de los avances destacados fue la incorporación del asociativismo intermunicipal, que permitirá a las localidades santafesinas vincularse entre sí y con otros niveles de gobierno —incluidas provincias, Nación y Ciudad de Buenos Aires— para planificar obras, prestar servicios en conjunto, compartir financiamiento y fortalecer la gestión regional.
Además, la reforma sumó el Derecho a la Ciudad y el Ordenamiento Territorial como principios constitucionales, con foco en garantizar un desarrollo equilibrado, equidad social, justicia espacial y respeto a la diversidad cultural.
Plazos y transición
La cláusula transitoria aprobada fija un cronograma particular: en 2029 los intendentes electos cumplirán un mandato de seis años, lo que permitirá unificar los comicios provinciales y municipales recién en 2035. También se aclara que los períodos en curso no contarán como primer mandato a los efectos de las limitaciones a la reelección.
Posturas encontradas
Desde Unidos y Más para Santa Fe destacaron que la autonomía es “una deuda pendiente” y que ahora la provincia “se pone a tono con lo que marca la Constitución Nacional”. Rubén Giustiniani (Activemos) sostuvo que se achica la brecha entre ciudadanos y gobernantes. En cambio, referentes de La Libertad Avanza, Somos Vida y Familia y otros espacios de minoría cuestionaron la falta de un piso de coparticipación y alertaron por los costos de los organismos de control locales.
Con este debate, Santa Fe dio un paso que redefine el mapa institucional y político de sus municipios, al tiempo que abre el desafío de reglamentar con una nueva Ley Orgánica y un sistema actualizado de coparticipación en los próximos dos años.
