El gobierno nacional acelera la reforma laboral y anticipa un borrador para diciembre

Tras el impulso que dejaron las elecciones, el gobierno nacional comenzó a trabajar en una reforma laboral integral que será presentada en diciembre y debatida durante 2026. La iniciativa forma parte del conjunto de reformas “de segunda generación” junto con la tributaria y la previsional, y busca modernizar un mercado laboral en el que más del 43% de los trabajadores se desempeña de manera informal.

Según adelantaron desde el Ejecutivo, el borrador se dará a conocer el 15 de diciembre, con la participación de representantes empresariales y sindicales, tal como fue acordado en el Consejo de Mayo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que el objetivo es actualizar una legislación con más de medio siglo de vigencia y lograr consensos antes de que el proyecto llegue al Congreso.

Los puntos centrales del borrador

El texto preliminar incluiría medidas como:

Posibilidad de convenios laborales por empresa, con mayor flexibilidad en la negociación.

Aumentos salariales por mérito o productividad, en reemplazo de ajustes automáticos.

Extensión del período de prueba de tres a seis meses, y hasta 12 para pequeñas y medianas empresas.

Digitalización de los registros laborales y simplificación de trámites administrativos.

Implementación de un banco de horas, que permita reorganizar las jornadas según la demanda.

Fondos de cese laboral como alternativa al sistema de indemnización tradicional.

Cabe recordar que el DNU 70/2023 ya había introducido cambios previos, como la figura del trabajador independiente con colaboradores y beneficios para el blanqueo laboral.

Voces a favor y en contra

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la reforma buscará “incentivar la contratación formal” y que la reducción de impuestos al trabajo será gradual, acompañando el recorte del gasto público.

Desde el sector empresario, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, afirmó que “actualizar la normativa es clave para mejorar la competitividad”. En contrapartida, la CGT advirtió que se opondrá a toda modificación que implique “recortes de derechos laborales” y pidió que la formalización no derive en precarización.

El foco en los juicios laborales

Uno de los ejes más sensibles será la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, un sistema que genera más de 120 mil demandas por año. Los empresarios reclaman mayor previsibilidad y menos sobrecostos, mientras que especialistas plantean fortalecer las comisiones médicas y unificar criterios de evaluación.

Una reforma con impacto estructural

En la Casa Rosada confían en que la iniciativa permita equilibrar productividad y derechos, aunque admiten que el desafío político será considerable. “Hace medio siglo que el país mantiene el mismo esquema, pero creemos que es momento de cambiar”, expresó Sturzenegger.

Según informó Infocampo, el esquema de salarios dinámicos sería uno de los puntos más disruptivos: permitiría que cada empresa acuerde directamente con su representación sindical, sin depender de los convenios nacionales. En este modelo, los sueldos dejarían de tener pisos garantizados y pasarían a fijarse según la productividad y la capacidad económica del sector, reemplazando las actualizaciones automáticas por inflación.

La reforma, que se presentará oficialmente en diciembre, promete convertirse en uno de los debates centrales del año próximo en el Congreso.