El Concejo Municipal solicitó al Ejecutivo que brinde precisiones sobre la implementación de la Ley Micaela en el ámbito local, norma que obliga a capacitar en perspectiva de género y prevención de la violencia a quienes se desempeñan en la administración pública.
El planteo busca conocer si en 2024 y 2025 se desarrollaron jornadas de formación para personal municipal, tal como lo establecen las reglas provinciales que acompañan la adhesión local a la legislación nacional. También se pidió aclarar si los nuevos agentes reciben esta capacitación al ingresar al Estado y si se están realizando instancias de actualización, como fija la reglamentación.
Otro de los puntos consultados está vinculado a las acciones de difusión hacia instituciones, empresas y ciudadanía en general, con el objetivo de reforzar los alcances y objetivos del programa.
Cabe recordar que Rafaela adhirió a la Ley Micaela en 2019, y que el proceso oficial de formación comenzó en 2020, incluyendo posteriormente a trabajadores de distintas áreas municipales. Según los registros informados en su momento, más de 1.500 agentes habían completado la capacitación inicial hasta mediados de 2022.
Ahora el Legislativo busca conocer cómo continúa la política de formación obligatoria, especialmente en un contexto donde se destaca la importancia de sostener acciones permanentes de prevención y sensibilización frente a las violencias de género.
