Una picada, una vida, dos familias destrozadas

El juez resolvió prisión preventiva por 60 días para el motociclista imputado por la muerte de Leonel Sosa, ocurrida durante una picada en el Bv. Lehmann.  
                                                                                                                                                  La audiencia, cargada de angustia y reclamos cruzados, dejó expuesta la fragilidad de todas las vidas que quedaron marcadas: la familia de la víctima y la del joven detenido. El abogado defensor José María Silvela insistió en la falta de dolo y pidió medidas menos gravosas.

En la sala de Tribunales no faltó el silencio pesado, las miradas perdidas, ni ese murmullo que aparece cuando la Justicia intenta ponerle palabras a algo que desborda cualquier expediente. No se trató solo de un proceso judicial: fue una mañana en la que dos familias volvieron a romperse, una vez más, por el hueco que deja lo irreversible.

El juez resolvió prisión preventiva por 60 días para el joven acusado de protagonizar la maniobra que derivó en la muerte de Leonel Sosa, en la madrugada del 26 de octubre, sobre Bv. Lehmann. A esa altura, la ciudad ya conocía la historia: motos a alta velocidad, una picada improvisada y una vida que se detuvo sin aviso.

La Fiscalía fue clara: hubo conducción temeraria, sin licencia habilitante y a una velocidad incompatible con cualquier posible reacción. Acreditó testimonios que sitúan al imputado corriendo una picada y embistiendo por detrás a Sosa, quien habría intentado girar o retirarse del lugar. Para la acusación, no hay dudas de que la conducta fue imprudente, peligrosa y finalmente letal.

Del otro lado, el abogado defensor José María Silvela pidió que no se pierda de vista que también hay otra familia sufriendo. Alegó que el joven detenido mostró arrepentimiento, que se encontraba atravesando un tratamiento médico, que no hubo alcohol ni drogas de por medio, y que la víctima realizó una maniobra inesperada que habría roto el nexo causal. Reclamó alternativas a la prisión, como prisión domiciliaria o medidas de control menos severas.

Pero el juez fue contundente: aun reconociendo la complejidad emocional del caso y la ausencia de intención de matar, señaló que las pruebas iniciales permiten inferir responsabilidad y que el riesgo procesal existe, aunque no sea extremo. Por eso dispuso la medida cautelar, entendiendo que 60 días resultan prudentes para asegurar el avance de la investigación.

En la sala, madre y padre de Leonel escucharon en silencio; del otro lado, la familia del imputado contenía una angustia distinta pero igual de pesada. No hubo festejos ni alivios: solo lágrimas, bronca, impotencia y un vacío que la justicia formal jamás llena del todo.

La ciudad vuelve a mirarse al espejo: los motores que rugen en cada bulevar, la cultura del riesgo, la adrenalina que por segundos parece libertad y termina siendo ruina.

Hoy hay un joven muerto y otro preso. Dos familias en duelo. Y una comunidad que se pregunta, otra vez, en qué momento la velocidad se volvió sinónimo de destino.

La Justicia hablará de penas, procesos y evidencias. Pero en las calles el mensaje es otro: ninguna picada vale una vida. Y cuando la tragedia llega, ya no hay marcha atrás.