Redacción
Según la solicitud de juicio abreviado presentada por la fiscal adjunta de la Sección Gefas, Gabriela Mercedes Lema, y aceptada por la defensa a cargo del abogado José María Silvela, Stefano fue responsabilizado por un patrón de maltratos físicos y psicológicos ejercidos durante más de dos años, en distintos domicilios de Rafaela y en la vía pública.
De acuerdo al legajo fiscal, la pareja comenzó a convivir en 2023 en una vivienda de calle Echeverría. Con el paso de los meses, el acusado habría ido escalando en violencia: primero con insultos y descalificaciones, incluso frente a familiares, y luego con agresiones físicas casi diarias, que dejaban a la víctima varios días en cama.
Entre los episodios que conforman la acusación, se detallan, entre otros:
• Una golpiza en una verdulería de barrio, donde Stefano habría perseguido a Florencia en la calle, la tiró al piso y le pegó en la cabeza con una piedra, hasta que vecinos intervinieron.
• Una agresión en la vivienda que terminó con un corte profundo en el mentón: según la acusación, la víctima fue pateada, cayó al piso y el imputado la obligó a limpiar la sangre de la casa antes de llevarla al hospital, donde mintió sobre el origen de las lesiones.
• Un grave episodio con un arma de fuego, cuando Stefano habría efectuado disparos al suelo para amedrentar a un vecino que salió en defensa de la joven, y luego la golpeó con la culata de la pistola en el rostro, provocándole lesiones en la nariz y la pérdida de piezas dentarias. Después de eso, según la investigación, la mantuvo atada con una cadena a la cama para impedir que pidiera ayuda.
• Una nueva agresión con un machete, que terminó de impulsar la primera denuncia formal: tras recibir golpes en las piernas y la cadera, Florencia aprovechó un descuido para salir de la casa, llegó al Destacamento Nº 9 y contó lo que venía sufriendo.
• Episodios posteriores de amenazas e intimidación en la vía pública, entre ellos uno ocurrido cuando la pareja se dirigía a la Escuela Pizzurno, y otro en agosto de 2025 en una estación de servicio de bulevar Roca, que terminó con la víctima cruzándose deliberadamente frente a un móvil policial para pedir auxilio.
La fiscalía remarcó que todo esto ocurrió en un claro contexto de violencia de género: Stefano habría aislado a la mujer de su entorno, controlado el uso del teléfono, restringido sus vínculos y reiterado amenazas del tipo “te voy a pegar un tiro en las piernas, no me importa ir preso”.
Por estos hechos, al imputado se le atribuyeron los delitos de lesiones leves dolosas reiteradas y agravadas por la relación de pareja y la violencia de género; lesiones graves dolosas reiteradas bajo el mismo agravante; amenazas reiteradas; amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad agravada, todo en concurso real y en el marco de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En la audiencia abreviada, Franco Jesús Stefano admitió su responsabilidad y aceptó el acuerdo. La pena convenida fue de 3 años de prisión de ejecución condicional, con accesorias legales y costas. El juez penal Javier Bottero homologó el convenio, valorando tanto la gravedad de los hechos como la ausencia de condenas previas, la admisión de culpa y la reparación ofrecida a la víctima.
Además de la condena, se fijaron reglas de conducta: Stefano deberá realizar un curso de masculinidades y presentar los certificados correspondientes; fijar domicilio y no modificarlo sin autorización; abstenerse de tener o portar armas de fuego y no cometer nuevos delitos. Cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio y el cumplimiento efectivo de la pena.
Como parte de la reparación económica, el condenado se comprometió a transferir a nombre de Florencia A. una motocicleta Honda XR 250 Tornado, cuya inscripción y gastos registrales correrán por su cuenta. La transferencia deberá concretarse dentro del mes posterior a la audiencia.
El Ministerio Público de la Acusación pidió además que, ante futuras decisiones del Juzgado de Ejecución relacionadas con esta condena, se garantice el derecho de la víctima a ser informada y escuchada, tal como prevé la normativa vigente en materia de violencia de género.
