Tensión en Tribunales: dos quedaron presos, dos recuperaron la libertad y la defensa expuso serias fallas de la investigación

En una jornada marcada por la tensión, discusiones técnicas y objeciones a la tarea investigativa, el juez penal Javier Bottero resolvió este miércoles la situación procesal de cuatro imputados involucrados en distintos hechos ocurridos en Rafaela y Sunchales. El fiscal Juan Manuel Puig imputó a los acusados por diversos episodios que incluyen robo, abuso de arma de fuego, encubrimiento y portación ilegítima.

Los acusados son D.E.C.O., H.F.C., E.J.D. y S.B., quienes fueron detenidos tras una serie de allanamientos donde, según expuso el MPA, se secuestraron comparativas fílmicas, una bomba de fabricación casera y elementos vinculados a episodios de violencia registrados en Mitre 1366 y Suipacha 865. Luego del análisis de la evidencia, Bottero dispuso 90 días de prisión preventiva para los hermanos D.E.C.O. y H.F.C., mientras que ordenó la libertad con medidas alternativas para S.B. y E.J.D.

La intervención de la defensa y las objeciones a la Fiscalía

La audiencia estuvo marcada por la activa participación de los abogados defensores Carlos Farias Demalde y Sergio Fregona Maffei, quienes junto a la defensora oficial Amalia Cassina, cuestionaron con firmeza la construcción probatoria del MPA.

Los letrados señalaron inconsistencias en los registros fílmicos mencionados por la Fiscalía, la imposibilidad de identificar de manera certera a los autores y la falta de correspondencia entre el material secuestrado y la atribución de hechos. También remarcaron que sus defendidos cuentan con arraigo, que no presentan riesgo procesal y que algunos incluso resultaron heridos en los episodios denunciados.

Además, pusieron en duda la validez de la bomba secuestrada en Suipacha 865, advirtiendo que se trata de un elemento viejo, deteriorado y sin vinculación certera con los imputados. Objeciones similares plantearon respecto del arma atribuida a los hermanos Coronel, indicando que no se acreditó su existencia en los términos señalados por la acusación.

Estos cuestionamientos tuvieron efecto inmediato: el juez entendió que la prueba contra S.B. y E.J.D. era insuficiente para sostener un encierro preventivo.

El planteo de la Fiscalía

El fiscal Puig había solicitado medidas restrictivas argumentando que las comparativas tomadas por la PDI, los testimonios y la dinámica de los hechos daban cuenta de un contexto violento, especialmente en el suceso de Mitre 1366, donde uno de los imputados recibió un disparo.

Sin embargo, Bottero coincidió parcialmente con la defensa al señalar que, respecto de dos de los acusados, la evidencia no alcanzaba para sostener la prisión preventiva.

La resolución final del juez Bottero

Tras casi cuatro horas de debate, el magistrado resolvió:

• 90 días de prisión preventiva para D.E.C.O. y H.F.C., imputados por abuso de armas, portación, amenazas y participación en el hecho de violencia ocurrido en Mitre 1366.
• Libertad supervisada para S.B. y E.J.D., quienes deberán fijar domicilio, contar con un garante, presentarse periódicamente y cumplir reglas estrictas de conducta.

La audiencia dejó expuestas las tensiones en la investigación, las diferencias profundas entre Fiscalía y defensa y el rol decisivo de los planteos técnicos realizados por los abogados, que lograron modificar el cuadro procesal de dos imputados en cuestión de horas.