La investigación por el punto de venta de drogas que funcionaba en la esquina de Marini y Ramón y Cajal sumó una nueva definición judicial: el juez Nicolás Stegmayer resolvió mantener la prisión preventiva de Ayelén Jaimez, pero dispuso que a partir del 7 de diciembre continúe el proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Judiciales07/12/2025
Redacción
La pesquisa sobre el punto de venta de estupefacientes que operaba en la intersección de Marini y Ramón y Cajal volvió a tener movimiento este viernes, con nuevas audiencias en los tribunales de Rafaela. De acuerdo a la investigación, en ese domicilio se atendía a más de doscientas personas por día, lo que lo convirtió en uno de los centros de expendio más activos de la ciudad.
En esta causa están imputados Diego Daniel Aguilar (28), Hugo Aguilar (20), Mateo Tomás Ortiz (22) y Nahuel Mariano Cardozo (29), señalados como quienes cumplían tareas de resguardo y apoyo en el funcionamiento cotidiano del lugar, los conocidos “soldaditos” o “cuidadores”.
El expediente también alcanza a Ayelén Soledad Jaimez, Ezequiel Alejandro Córdoba, Chiara Morán, Aylén Salas, Sharon Salas, Nahuel Rivainera, Gonzalo Ortega, Lucas Ramírez y Josué Federico San Lorenzo, a quienes se atribuyen distintos roles dentro de la organización. Varios de ellos se encuentran detenidos o con medidas alternativas, mientras que Lucas Ramírez y Josué Federico San Lorenzo siguen prófugos, con pedido de captura vigente.
El fiscal Guillermo Loyola sostiene que Ayelén Jaimez y Ezequiel Córdoba eran los encargados del fraccionamiento y parte de la operatoria de venta de drogas, mientras que Aguilar, Aguilar, Ortiz y Cardozo se ocupaban de la vigilancia y la asistencia en el domicilio investigado.
Stegmayer ratificó la preventiva y fijó el regreso a la domiciliaria
En la Sala 2 de los tribunales de Rafaela se llevó adelante una nueva audiencia de prisión preventiva en la que se analizó la situación de Ayelén Jaimez, actualmente alojada en la Alcaidía de la Unidad Regional V.
El fiscal Guillermo Loyola pidió la prórroga de la prisión preventiva en la misma modalidad en que se venía cumpliendo, recordando que en oportunidades anteriores la imputada habría incumplido la prisión domiciliaria. Señaló que la causa avanzó con nuevas identificaciones de personas vinculadas al “kiosco Homero” y que las cámaras de seguridad permitieron fortalecer las imputaciones. Para el representante del MPA, Jaimez mantiene un rol relevante dentro de la organización y los riesgos procesales continúan vigentes, por lo que reclamó sostener la cautelar.
Por su parte, el defensor particular Andrés Colón, acompañado por José María Silvela, planteó que ya existía una resolución previa de octubre que fijaba un esquema mixto: permanencia en Alcaidía por un plazo de 60 días y, cumplido ese término, retorno a la prisión domiciliaria. Recordó que la defensa presentó el 3 de diciembre un pedido para que se respete ese cronograma y se arbitren los medios necesarios para trasladar a Jaimez nuevamente a su domicilio. Argumentó que la medida domiciliaria es clave para el cuidado de los hijos menores y que, en estos seis meses, la imputada no entorpeció el proceso.
La propia Jaimez pidió la palabra y reafirmó su voluntad de cumplir las condiciones que se le impongan.
Tras escuchar a las partes, el juez Nicolás Stegmayer valoró que la defensa realizó una correcta lectura de lo resuelto anteriormente, aunque aclaró que ello no impide a la Fiscalía solicitar audiencias de revisión. Coincidió con el Ministerio Público en la gravedad de los hechos y en los riesgos procesales, pero sostuvo que, en este contexto, debe ponderarse también el interés superior de los hijos de la imputada.
En esa línea, resolvió mantener lo dispuesto en la audiencia anterior:
– prisión preventiva en Alcaidía hasta el 7 de diciembre,
– y a partir de esa fecha, morigerar la medida para que continúe bajo prisión domiciliaria en la vivienda de calle Muniagurria al 1100, en Rafaela.
Con esta decisión, Stegmayer confirmó que Jaimez seguirá detenida, aunque desde el 7 de diciembre lo hará nuevamente bajo la modalidad de arresto domiciliario, siempre dentro del marco de la causa por el funcionamiento del punto de venta de drogas de Marini y Ramón y Cajal.
El juez Nicolás Stegmayer dispuso medidas alternativas para el ladrón, quien había sido detenido tras ser advertido por vecinos cuando intentó ingresar a un garaje ajeno. El fiscal imputó el hecho como hurto en grado de tentativa.
El juez Nicolás Stegmayer ordenó que Leonardo Nicolás Palacios quede detenido por 60 días. Según la investigación, utilizaba la confianza de compañeros de trabajo para obtener información de tarjetas y realizar maniobras ilícitas.
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