
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un escenario crítico para el sistema universitario nacional: caída sostenida del presupuesto, deterioro salarial y un horizonte que, lejos de mostrar recuperación, anticipa un ajuste aún más profundo en los próximos meses.
El estudio analiza la evolución de los recursos destinados a las universidades nacionales y el impacto sobre los salarios docentes y no docentes, en medio del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo y el proyecto alternativo impulsado por el Gobierno.
En términos generales, el presupuesto universitario sufrió un fuerte recorte en los últimos años. Entre 2023 y 2025 la caída real fue del 28,7%, y si se proyecta a 2026, el ajuste acumulado alcanza el 45,6%.
El informe plantea que, de haberse aplicado la ley aprobada por el Congreso, el presupuesto habría crecido un 35,1% respecto a 2025 y se habría ubicado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023. Sin embargo, con el esquema actual, el financiamiento proyectado para 2026 implicaría nuevas caídas: 14,2% frente a 2025 y 38,8% en comparación con 2023.
Además, el documento señala que el presupuesto resultante sería un 36,5% inferior al que hubiese correspondido con la aplicación de la ley original.
El peso del ajuste: salarios y funcionamiento
El impacto más fuerte recae sobre los salarios, que representan casi el 87% del presupuesto universitario. Entre 2023 y 2026, el gasto salarial cayó un 43,2% en términos reales.
Por su parte, los gastos de funcionamiento también sufrieron un recorte significativo, con una baja del 57,1%, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo universitario, ciencia y tecnología, donde algunas partidas se redujeron más del 70%.
Salarios en caída y por debajo de la pobreza
El deterioro salarial es otro de los puntos más preocupantes. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, los ingresos reales de docentes y no docentes cayeron un 34%.
La mayor pérdida se produjo durante 2024, pero la tendencia continuó en 2025 y principios de 2026, sin lograr una recuperación sostenida.
El informe también compara los salarios con el costo de vida y revela que, en enero de 2026, la mayoría de los trabajadores universitarios no logra superar la línea de pobreza. Solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de mayor categoría alcanzan ese umbral.
Incluso, muchos cargos docentes con dedicación simple o semi exclusiva se ubican por debajo de la línea de indigencia.
Dos modelos en disputa
El análisis contrapone dos escenarios. Por un lado, la ley votada por el Congreso proponía una recomposición salarial cercana al 44% para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, lo que hubiese permitido recomponer gran parte del poder adquisitivo.
Por otro, el proyecto del Gobierno plantea aumentos escalonados del 12,3% durante 2026, cifra que quedaría por debajo de la inflación proyectada, generando una nueva caída del salario real.
De acuerdo al informe, incluso con esos incrementos, el poder adquisitivo seguiría deteriorándose, consolidando un escenario de ajuste estructural sobre el sistema universitario.
Un sistema bajo presión
Los datos reflejan una tendencia preocupante: menos recursos, salarios en retroceso y un sistema educativo que pierde capacidad de sostener su funcionamiento.
En este contexto, el debate sobre el financiamiento universitario vuelve a ocupar el centro de la escena, con impactos directos no solo en las instituciones, sino también en miles de trabajadores y estudiantes en todo el país.



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