RedacciónEl Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), llevará adelante una nueva subasta pública el próximo jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario, con un récord de 5.411 personas inscriptas.
La convocatoria alcanzó a participantes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando el carácter federal de la propuesta y marcando el mayor nivel de inscripción desde la implementación de este sistema.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que este nivel de participación refleja la confianza de la ciudadanía en un proceso que se distingue por su transparencia, accesibilidad y publicidad. Además, remarcó que los bienes que provienen del delito son recuperados y puestos al servicio de la sociedad, transformándose en recursos útiles para la comunidad.
En esta oportunidad, la subasta incluirá 150 lotes, entre los que se encuentran vehículos, motocicletas y otros bienes, destacándose la presencia de un avión como uno de los elementos más llamativos.
Como parte del procedimiento, todas las personas inscriptas serán sometidas a controles a través del cruce de datos con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de garantizar que no exista vinculación con organizaciones delictivas.
Asimismo, la Provincia asegura mecanismos que brindan mayor tranquilidad a los participantes, como el bloqueo de dominio y el cambio de patente de los vehículos subastados, eliminando cualquier relación con sus anteriores titulares.
Esta será la quinta subasta realizada durante la actual gestión provincial. En las cuatro ediciones previas se recaudaron más de 3.500 millones de pesos, reafirmando el impacto de esta política pública orientada a la recuperación y reutilización de bienes provenientes del delito.
La Aprad es el organismo encargado de administrar estos bienes, que pueden incluir desde automóviles y dispositivos electrónicos hasta mobiliario y objetos de uso cotidiano. Según su estado y características, pueden ser asignados a instituciones públicas, organizaciones sociales o bien ser subastados, contribuyendo así a un Estado más eficiente y comprometido con el interés colectivo.
