El tiempo - Tutiempo.net

Amenazas a escuelas: Santa Fe logró frenar los llamados, pero casi nadie pagó las sanciones

La Provincia notificó a 53 personas para recuperar los costos de los operativos de seguridad, pero solo seis abonaron. El Gobierno inició demandas judiciales para ejecutar las deudas, que podrían derivar en embargos e inhibición de bienes.
Provinciales27/06/2026RedacciónRedacción

El mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Santa Fe para cobrar los gastos generados por amenazas a escuelas tuvo un impacto inmediato en la reducción de los llamados, pero hasta ahora mostró un bajo nivel de pago por parte de las familias notificadas.

Según los datos oficiales, la Provincia notificó a 53 personas por distintos montos vinculados a los operativos de seguridad desplegados en instituciones educativas. Sin embargo, solo seis sanciones fueron abonadas, por un total de $9.824.430.

La cifra representa apenas el 7,2% de los $139.429.864 que el Ministerio de Seguridad estimó como gasto total para intervenir ante las amenazas registradas entre fines de abril y mayo.

La medida había sido anunciada luego de una seguidilla de amenazas contra escuelas de la provincia, ocurrida tras el ataque en una institución educativa de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro el pasado 30 de marzo. Durante abril, los avisos falsos y amenazas de atentados se multiplicaron en distintos puntos del territorio santafesino.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad resolvió identificar a los responsables de las amenazas y avanzar con el cobro de los costos operativos a los adultos a cargo, ya que en la mayoría de los casos los involucrados eran menores de edad.

De acuerdo con el relevamiento, las notificaciones se concentraron principalmente en la Unidad Regional XVII, correspondiente a San Lorenzo, con diez casos; la Unidad Regional II de Rosario, con siete; y las unidades regionales de La Capital y Las Colonias, con seis cada una. También hubo actuaciones en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.

Pocos pagos y reclamo judicial

Aunque el sistema logró reducir rápidamente la cantidad de amenazas, la recuperación económica todavía está lejos del objetivo inicial. En Rosario se registró un solo pago, realizado el 26 de mayo, por $2.838.352, sobre un total estimado de $17.137.679 en gastos dentro de esa jurisdicción.

En San Lorenzo se concretaron tres pagos por $805.443 cada uno. En Santa Fe hubo un pago de $1.009.442 y en Iriondo otro de $3.560.307.

Desde el Gobierno provincial señalaron que, en los casos donde no se abonaron las sanciones, se inició el proceso judicial correspondiente a través del fiscal de Estado, Domingo Rondina. Esa instancia puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales para ejecutar la deuda.

Cómo funciona el protocolo

El protocolo de cobro fue pensado como una herramienta de doble objetivo: desalentar las amenazas y recuperar los recursos destinados a los operativos de prevención y seguridad.

Para activar el reclamo debía existir una causa penal iniciada, intervención del Ministerio Público de la Acusación y una notificación formal al Ministerio de Justicia y Seguridad. A partir de allí, se habilitaba el procedimiento administrativo para calcular el monto y notificar a los adultos responsables.

El valor reclamado variaba según la ubicación del hecho, la magnitud del operativo, la participación de bomberos y la intervención de fuerzas locales. Una vez identificado el responsable, la notificación se realizaba de manera presencial e incluía las cuentas bancarias oficiales para efectuar el pago.

Una medida efectiva para frenar amenazas, pero discutida

Según el Gobierno, la medida tuvo un efecto inmediato. En los días de mayor tensión llegaron a reportarse hasta 80 amenazas diarias, pero luego de la implementación del cobro la cifra bajó a unas 15 por día y finalmente llegó a cero.

Sin embargo, el esquema también generó cuestionamientos. Abogados de algunas familias impulsaron impugnaciones formales al considerar que los hechos no siempre encuadraban en el delito de amenazas y que el Estado no podía reclamar esos montos sin una investigación judicial previa y una orden de un juez.

Por ahora, el balance muestra dos caras: el sistema sirvió para desactivar una ola de amenazas que alteró el funcionamiento de las escuelas, pero la Provincia todavía enfrenta dificultades para cobrar los gastos que buscaba recuperar.

Te puede interesar
Lo más visto