RedacciónLa crisis de Lácteos Verónica dio un nuevo paso con la presentación de la empresa en concurso preventivo de acreedores, en medio de un escenario marcado por la falta de producción, importantes deudas y meses de incertidumbre para trabajadores y proveedores.
La compañía, administrada por la familia Espiñeira, declaró un pasivo de $15.945 millones y llevó su situación ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17 de la ciudad de Buenos Aires.
Con esta instancia judicial buscará ordenar sus compromisos financieros y evitar un desenlace de quiebra.
Una deuda que creció con bancos y cheques rechazados
Dentro del pasivo aparecen alrededor de $4.745 millones en obligaciones con entidades financieras.
A eso se agregan más de 2.900 cheques rechazados, cuyo monto supera los $11.200 millones, una situación que terminó extendiendo el conflicto hacia proveedores y distintos actores vinculados con la actividad de la firma.
La empresa mantiene compromisos con varias entidades bancarias y financieras, mientras el deterioro económico fue avanzando en paralelo con la caída de la producción.
Lehmann, Suardi y Clason bajo el impacto de la crisis
Las tres plantas que Lácteos Verónica posee en Santa Fe quedaron alcanzadas por la situación.
En Lehmann, Suardi y Clason la actividad se paralizó y comenzaron a acumularse problemas con el pago de salarios, generando preocupación entre los trabajadores por la continuidad de las fuentes laborales.
El conflicto tampoco quedó limitado a las fábricas. Unos 150 productores tamberos que entregaban leche a la compañía mantienen acreencias que, según las estimaciones difundidas, rondarían los 60 millones de dólares.
Antes de recurrir al concurso preventivo, la firma había intentado avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis que incluía la desvinculación de unos 200 trabajadores. Aquella alternativa no consiguió destrabar el escenario.
Asistencia para las familias afectadas
La falta de pago de salarios llevó al Gobierno de Santa Fe a implementar asistencia económica y alimentaria para las familias de los trabajadores.
También hubo intervención de gobiernos locales y planteos ante legisladores provinciales para intentar encontrar alternativas frente a la ausencia de respuestas concretas sobre el futuro de la compañía.
Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, encabezado por Roald Báscolo, señalaron que la presentación judicial era una posibilidad que ya se venía contemplando ante la magnitud de la crisis.
En Lehmann, el delegado de Atilra Domingo Possetto expresó en distintas oportunidades la preocupación de los trabajadores y remarcó que la prioridad continúa siendo recuperar la actividad y cobrar los salarios adeudados.
Una alternativa parcial en Suardi
En medio del panorama adverso apareció una posibilidad para reactivar parcialmente una de las plantas.
La cooperativa cordobesa Copalac, integrada por productores tamberos y con sede en Morteros, alcanzó un acuerdo para utilizar a fasón las instalaciones de Suardi.
La operatoria contempla recibir leche cruda, realizar el proceso de secado y elaborar leche en polvo. El esquema permitiría ocupar provisoriamente a unos 30 trabajadores.
Atilra indicó que Copalac asumirá responsabilidad solidaria sobre las obligaciones laborales y de seguridad social de quienes participen de esa actividad.
La alternativa representa apenas un alivio parcial frente a la dimensión del conflicto que atraviesa Lácteos Verónica, mientras persisten los interrogantes sobre el futuro de las plantas de Lehmann y Clason.
La empresa, que durante años tuvo presencia en mercados internacionales y entre 2020 y abril de 2025 acumuló exportaciones por más de 102 millones de dólares, enfrenta ahora uno de los momentos más críticos de su historia.
