RedacciónEl Gobierno de Santa Fe concretó este jueves dos nuevas intervenciones sobre inmuebles vinculados al microtráfico en Rosario. Los procedimientos consistieron en el derribo de un búnker ubicado en Felipe Moré y Lucio V. López y la inactivación de otro inmueble situado en Felipe Moré 609 bis.
Ambos lugares se encuentran en barrio Industrial, en el límite con Empalme Graneros y Ludueña. Con estas acciones, el número de intervenciones alcanzó las 90 en Rosario y las 149 en toda la provincia.
Los trabajos fueron supervisados por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se desarrollaron en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y aplicada desde principios de 2024.
La normativa contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles relacionados con hechos de violencia altamente lesiva. Su implementación articula el trabajo del Gobierno provincial, el MPA, la Justicia y la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
El subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, sostuvo que estos puntos de venta están asociados a situaciones de violencia en los barrios, entre ellas homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones. También señaló que existen investigaciones en trámite que permitirán avanzar con nuevas intervenciones.
Una causa con 18 personas imputadas
La fiscal Mercedes Banchio explicó que la investigación comenzó a fines de 2025 y que en uno de los domicilios se encontraron estupefacientes y armas de fuego. Según detalló, fueron imputadas 18 personas por distintos delitos, entre ellos asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes. La causa también tiene investigaciones conexas por homicidios.
Por su parte, la fiscal Marina Vigo indicó que el trabajo judicial se inició a partir de varios homicidios, una tentativa de homicidio y otros episodios de violencia atribuidos a una organización que operaba en el barrio y estaba vinculada a Francisco Riquelme.
Entre los hechos investigados se encuentran amenazas y usurpaciones de viviendas que luego eran utilizadas para comercializar drogas. Estos elementos permitieron avanzar con la pesquisa sobre la estructura y el funcionamiento del grupo.
El fiscal Diego Giro señaló que se trata de un sector históricamente disputado por bandas y sostuvo que, luego de la detención y condena a prisión perpetua de Riquelme, la organización se reconfiguró con la participación de su hijo.
Además, explicó que la investigación detectó la presunta intervención de un abogado que facilitaba la transmisión de instrucciones desde la cárcel hacia quienes operaban en el territorio. Según informó, tanto el profesional como las demás personas imputadas se encuentran en prisión preventiva.
Giro destacó el aporte de las fuerzas provinciales y federales durante la investigación, que permitió avanzar sobre la organización y los inmuebles utilizados para sus actividades.
