RedacciónEl sistema santafesino para registrar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias podría atravesar una modificación profunda.
La Cámara de Diputados tiene en agenda un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que reúne distintas iniciativas legislativas presentadas sobre el tema y propone reemplazar el esquema vigente por un registro único de alcance provincial. Actualmente, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos depende de la Corte Suprema y funciona territorialmente a través de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.
Un solo registro para toda Santa Fe
Uno de los principales cambios previstos es abandonar la organización dividida por regiones y concentrar la información en una única estructura provincial.
Además, el nuevo sistema dejaría de depender del Poder Judicial para pasar a la órbita del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el proyecto que se encuentra bajo análisis legislativo.
La iniciativa busca también ampliar el universo alcanzado. El registro comprendería a las personas que tengan fijada judicialmente una obligación alimentaria y establecería una diferenciación específica para quienes comiencen a incumplir.
Dos niveles según la cantidad de cuotas adeudadas
La propuesta contempla una categoría inicial para quienes acumulen dos cuotas impagas dentro de un año.
Un segundo nivel, considerado agravado, alcanzaría a quienes adeuden más de seis cuotas durante ese mismo período.
La modificación representa un cambio respecto del régimen actualmente vigente, que establece la inscripción por el incumplimiento de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas dentro de dos años.
Desde candidaturas hasta la licencia de conducir
El proyecto incorpora diferentes consecuencias para quienes permanezcan en situación de incumplimiento.
Entre las medidas previstas aparecen restricciones para ser candidato, convertirse en proveedor o contratista del Estado y conservar la licencia de conducir.
También se establece que los empleadores deberán informar determinadas situaciones cuando incorporen laboralmente a una persona incluida en el registro.
El objetivo planteado es aumentar las herramientas de seguimiento y generar mayores incentivos para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
El debate por el monto de las cuotas
Uno de los puntos que todavía concentra discusión legislativa pasa por los criterios utilizados para determinar los montos.
Dentro de las alternativas se analiza tomar como referencia el índice de crianza provincial, frente a un escenario actual en el que las decisiones judiciales pueden utilizar distintos parámetros, entre ellos indicadores vinculados al costo de crianza o al salario mínimo.
Ese aspecto aparece como uno de los temas que deberán terminar de resolverse antes de que la iniciativa llegue al recinto.
Consultas sin una lista pública
El nuevo esquema también buscaría facilitar el acceso a la información.
La intención no es publicar una nómina abierta de personas inscriptas, sino permitir consultas individuales para determinar si alguien integra o no el registro.
El proyecto cuenta con preferencia para su tratamiento y podría llegar al recinto de Diputados durante las próximas semanas, en caso de mantenerse los acuerdos alcanzados hasta el momento.
