Judiciales

Una denuncia por un posible atentado contra Pullaro terminó con un detenido por tenencia ilegal de un arma en Ceres

La Justicia avanzó con la imputación de Pablo Américo Pinedo, conocido como “Pantera”, luego de que una investigación iniciada por una advertencia sobre un supuesto ataque al gobernador santafesino derivara en un allanamiento. El hombre permanece alojado en la Alcaidía de Rafaela y es defendido por el abogado penalista Carlos Farías Demaldé. Este jueves se realizará la audiencia en la que se resolverá su situación cautelar.

Una investigación que comenzó con una advertencia sobre un posible atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro derivó en la detención de un hombre en Ceres y el secuestro de un arma de fuego.

Sin embargo, el avance judicial conocido hasta el momento presenta una diferencia importante respecto del motivo que originó el caso: la imputación formal no está relacionada con la planificación de un ataque contra el mandatario, sino con la presunta tenencia ilegítima de un revólver.

El acusado es Pablo Américo Pinedo, de 67 años, conocido como “Pantera”, quien este miércoles 4 de noviembre compareció ante la Justicia de San Cristóbal.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Cecilia Álamo, con intervención del fiscal Emiliano Odriozola.

Una advertencia al 911 puso en marcha la investigación

El origen de las actuaciones fue una comunicación anónima recibida por el sistema de emergencias 911, en la que se mencionaba la posibilidad de que se estuviera preparando una acción contra el gobernador santafesino.

A partir de esa información comenzaron las averiguaciones judiciales, que posteriormente derivaron en un procedimiento realizado en la ciudad de Ceres.

La gravedad de lo denunciado generó una investigación que todavía deberá determinar si existió realmente alguna planificación dirigida contra el mandatario provincial.

Por el momento, no se informó una imputación vinculada específicamente con un atentado.

El hallazgo de un revólver terminó siendo clave para la imputación

El viernes 31 de octubre, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda de Ceres, en el marco de las actuaciones ordenadas por el fiscal Odriozola.

Durante la intervención fue encontrado un revólver calibre 32, marca Dos Leones, que estaba cargado con cuatro cartuchos.

Según la información conocida, el arma se encontraba en condiciones de efectuar disparos.

El hallazgo motivó la detención de Pinedo y posteriormente dio lugar a la acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Es precisamente ese delito el que fue comunicado formalmente durante la audiencia imputativa.

Carlos Farías Demaldé asumió la defensa del detenido

Pinedo permanece alojado en la Alcaidía de Rafaela mientras se desarrolla el proceso judicial.

Su representación está a cargo del abogado penalista Carlos Farías Demaldé, quien intervino en la audiencia celebrada en los tribunales de San Cristóbal.

La situación del acusado volverá a ser analizada este jueves 5 de noviembre, cuando se lleve adelante una nueva instancia judicial.

El encuentro está previsto para las 12 y tendrá como finalidad resolver las medidas cautelares que correspondan.

Será la jueza Cecilia Álamo quien deba pronunciarse sobre el planteo que se formule respecto de la continuidad de la detención.

La investigación por el supuesto atentado todavía debe esclarecerse

El caso mantiene un interrogante central: qué elementos existen para determinar si la información recibida sobre un posible ataque contra Pullaro tenía sustento.

Hasta ahora, el avance judicial concreto fue el secuestro de un arma de fuego y la imputación de Pinedo por su presunta tenencia irregular.

No se informó que se haya formulado una acusación penal por la organización de un atentado ni por una tentativa de homicidio contra el gobernador.

La investigación continúa bajo la responsabilidad del fiscal Emiliano Odriozola, mientras la Justicia deberá resolver este jueves la situación cautelar del único detenido.

De esta manera, una causa que comenzó por una advertencia de gravedad institucional tiene, hasta el momento, una imputación concreta vinculada con la tenencia de un arma, mientras permanece abierta la necesidad de esclarecer el motivo que dio origen a las actuaciones.

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